La sentencia del Tribunal Constitucional que tumba el cobro del impuesto de plusvalías por parte de los ayuntamientos es un jarro de agua fría para la Administración local española, en general, y un severo golpe para el Consistorio gijonés, en particular. La decisión, irrevocable por su propia naturaleza, implica que las arcas de la ciudad ingresarán casi doce millones de euros menos, de acuerdo al borrador de presupuestos que el gobierno de Ana González presentó hace apenas dos semanas, convertido ya en papel mojado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha comprometido a buscar una fórmula que, hablando sin rodeos, regatee el fallo. Es decir, un requiebro que permita salvar el próximo año a las entidades locales. En el caso de que no haya finalmente una solución, el gobierno de coalición del PSOE e Izquierda Unida ya ha anunciado que recurrirá a una prórroga de las cuentas, que sería la segunda consecutiva. Una mala noticia de cara a un ejercicio en el que está prevista la llegada de millones de euros vinculados a las ayudas europeas.

Las consecuencias de otra prórroga serían varias y todas negativas. La primera y más evidente es el frenazo que sufrirían las inversiones, tanto las reales como las vinculadas a las transferencias de capital, que financian, por ejemplo, el plan de barrios degradados o el de fachadas. En román paladino, esto implicaría que Gijón tendría que renunciar a numerosas obras, algunas de máxima necesidad social, con el consiguiente impacto que esto tendría tanto en la creación de empleo como en la reactivación de la economía local después de casi dos años de asfixia debido a la pandemia de coronavirus. El segundo impacto de una prórroga lo notarían sobremanera los convenios nominativos anuales, es decir, los acuerdos a los que llega el Ayuntamiento con algunas entidades y colectivos sociales. El retraso en los desembolsos podría ocasionar que muchas de estas organizaciones tengan serios problemas para afrontar su día a día. E incluso que su viabilidad corra serio peligro. Por último, una prórroga exigiría continuas modificaciones presupuestarias, es decir, constantes negociaciones políticas para llegar a acuerdos y sus consiguientes procesos administrativos: enredo y ralentización.

Estos son motivos más que suficientes para que el gobierno local trate por todos los medios de evitar una vez más la prolongación de las cuentas de 2019, incluso en el caso de que el Ministerio de Hacienda no dé con una pócima mágica para las plusvalías. Y para que los partidos de la oposición arrimen el hombro y, desde sus legítimas posiciones, luchen por unos nuevos presupuestos. Gijón lo merece.