Si de algo ha servido el debate sobre el estado del municipio finalizado ayer tras una doble sesión con largos momentos anodinos es para certificar que las siete fuerzas políticas con representación en el salón de plenos del Ayuntamiento están de acuerdo en que el retraso de las grandes infraestructuras que sufre Gijón es inadmisible. Una parálisis que tiene varios culpables y no solo en el presente, pero que se ha convertido en un agravio a todos los habitantes de la mayor ciudad asturiana por parte de sus propios gobernantes, en las diferentes escalas de la Administración. El plan de vías, el vial de Jove y la mejora de los actuales accesos a El Musel, así el desarrollo de la Zalia son los tres incumplimientos más flagrantes, aunque ni mucho menos los únicos. Cierto es que, en los últimos meses, se han provocado movimientos esperanzadores para algunos de estos proyectos, pero en ningún caso definitivos. En otros, simple y llanamente, se sigue mareando la perdiz. La tomadura de pelo es tan prolongada que, a pie de calle, el hartazgo dio hace tiempo paso a la resignación. Y de ahí, ahora se ha pasado a la indiferencia. A una ciudad se le puede arrebatar el dinamismo de muchas maneras. La peor es a base de promesas rotas.

A riesgo de caer en la redundancia, es obligado un repaso por los agujeros negros gijoneses para entender la magnitud del descrédito político. El plan de vías se encuentra ahora en puertas de la aprobación de un nuevo convenio, aún por cerrar, tras dos décadas de luchas partidistas y tres acuerdos entre las administraciones que posteriormente se rompieron. Este nuevo texto prevé reducir la edificabilidad en el “solarón” y construir la estación intermodal en Moreda, abaratando el proyecto anterior para hacerla junto al Museo del Ferrocarril. Nada está aún seguro, aunque la Alcaldesa se ha comprometido a dejarlo todo amarrado a lo largo de este mandato. Algo más maduro está el proyecto del vial de Jove, otra eterna reivindicación, después de que el Ministerio de Transportes desbloquease el proyecto hace unos meses, pero tampoco está previsto en el corto plazo la llegada de las máquinas (más teniendo en cuenta la cantidad presupuestada para el próximo año). Y también algo se mueve en la Zalia, a paso muy lento, tras más de una década de oprobio. Los 15 millones de euros que aportará la sociedad estatal Sepides para los terrenos tras una reconfiguración en el modelo de gestión serán un primer paso. Pero igualmente insuficiente.

Frente a este cúmulo de despropósitos, el Ayuntamiento y el Principado tienen la obligación directa de presionar al Gobierno central, empeñado en orientar sus inversiones hacia otras regiones por intereses políticos, en algunos casos, oscuros. Pero deben también asumir su cuota de responsabilidad, que no es poca. La conformación de una mesa de trabajo con técnicos municipales, constructores y arquitectos que acaba de anunciar la Alcaldesa para hacer un seguimiento de estos y otros desarrollos, además de tratar sobre la descongestión del área municipal de Urbanismo, es un esfuerzo interesante. Pero ni mucho menos suficiente. Con Gijón hay una deuda en infraestructuras muy antigua y grande. Permitir o contribuir a su mantenimiento en el tiempo es un atentado contra su desarrollo económico y social.