El borrador de presupuestos autonómicos ha desatado un insólito cruce de declaraciones entre el Ayuntamiento y el Principado por las inversiones previstas para Gijón. El equipo de gobierno de la socialista Ana González no ha dudado en calificar de “insuficiente” la aportación prevista por el Ejecutivo de Adrián Barbón, también del PSOE, evidenciando una falta de sintonía entre ambas partes que no se recuerda con administraciones del mismo color político (en los tiempos de Vicente Álvarez Areces y Paz Fernández Felgueroso los choques, que los hubo, nunca llegaron a ser tan intensos, ni desde la plaza Mayor se hizo una crítica general a las cuentas regionales). Pero al margen del ruido, que todo lo enturbia, la situación deja entrever una carencia de proyecto común para la ciudad. Llevan razón en la Casa Consistorial cuando alegan que buena parte de las partidas anunciadas son herencias sin ejecutar de ejercicios anteriores y que brilla por su ausencia la puesta en marcha de proyectos novedosos de relevancia. Aunque también es cierto que similar pecado comete el documento de los Presupuestos Generales del Estado, sin que la Alcaldesa haya puesto el grito en el cielo. La conclusión es clara: Gijón necesita recuperar cuanto antes el peso que le corresponde como gran motor económico y social de Asturias.

El conflicto presupuestario llega en medio de la intensa polvareda que ha provocado el fiasco de la licitación por parte de la Consejería de Salud de la primera fase de ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes pese a las advertencias de los constructores por los desajustes en el precio de los materiales. Un fracaso que ha puesto en pie de guerra al Ayuntamiento. Precisamente, el complejo sanitario se lleva casi la mitad del dinero anunciado por el Principado para inversiones directas en Gijón (12,3 de los 30 millones, además de otras cantidades para la adquisición de material tecnológico), que ahora tardará más en desembolsarse por el tropezón administrativo. El resto, a grandes rasgos, va a parar a los enlaces de la Zalia, que año tras año figuran como una promesa pendiente de hacerse realidad; para mejoras en la Residencia Mixta de Pumarín y para dos grandes obras en Nuevo Roces: el consultorio y el colegio. En este barrio, los temores a incumplimientos ya se han instalado sin ni siquiera haberse aprobado las cuentas.

Atendiendo a estas consideraciones y más allá de las cifras puras y duras, parece obvio que Gijón tiene motivos para recelar de su suerte en el reparto que plantea el Principado. Pero no deberían usarse los números como arma arrojadiza para estériles conflictos políticos, que suelen derivar en personalismos y oportunismos. Lo menos que cabe esperar de las tres administraciones que rigen el destino de la ciudad es un diálogo encaminado a la cooperación, más teniendo en cuenta que están en las misma manos. Es una cuestión de responsabilidad, pero, sobre todo, de justicia.