Gijón afronta 2022 con tres frentes fundamentales en el horizonte que deberían tener una respuesta definitiva a lo largo del año: el nuevo convenio para el plan de vías, la reordenación del paseo del Muro y la recuperación económica y social tras las grietas provocadas por el terremoto de la pandemia. En todos ellos, el Ayuntamiento tiene una responsabilidad evidente, bien compartida con otras administraciones o bien en exclusividad. Y en todos también ha asumido compromisos con la ciudadanía. En clave política, los próximos meses serán además cruciales antes de la renovación democrática del Consistorio en las elecciones municipales de mayo de 2023. El mandato va camino de entrar en su último tercio y es previsible y hasta lógico que la tensión entre las diferentes fuerzas aumente a medida que pasa el tiempo. Pero en ningún caso la agitación debería ser excusa para la inacción o la parálisis.

El plan de vías es, tras dos décadas de retrasos e incumplimientos, la asignatura pendiente más sangrante para la ciudad. La alcaldesa, Ana González, abandera la aprobación de un nuevo convenio después de rechazar abiertamente el firmado en 2019, que preveía la estación intermodal en las inmediaciones del Museo del Ferrocarril. Ya tiene asegurado el apoyo del Pleno porque el PP ha garantizado que votará a favor, así como el del Principado y el del Gobierno central. Pero sobre el macroproyecto gravitan enormes incógnitas acerca de la financiación y el desarrollo urbanístico. El escaso interés que ha mostrado por el macroproyecto la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, no es un buen síntoma. Otro año en blanco en el capítulo ferroviario sería simplemente inadmisible.

Más sencillo parece dar con una solución definitiva para el Muro, exija o no un cambio del actual plan especial del paseo y a sabiendas de que la ejecución tardará en llegar. El PSOE se ha mostrado partidario en las últimas negociaciones presupuestarias de devolver al eje el doble sentido de circulación, en contra del criterio de Izquierda Unida, su socio en el gobierno local. Esa será la decisión sobre la que se vertebrará el resto de la reforma. No hay argumentos para posponerla a 2023.

En lo que respecta a la recuperación económica, el Ayuntamiento ha dado ya pasos en la buena dirección con la renovación del acuerdo de concertacion con sindicatos y patronal, a pesar de los patinazos del anterior pacto. Su capacidad en este asunto es más limitada y los esfuerzos deberían centrarse en la hostelería y el comecio, muy golpeados por la pandemia. 2022 debe ser el año de la recuperación a medida que el virus se vaya debilitando. Tampoco en este apartado la ciudad puede esperar por más tiempo.