Aunque ya sabíamos que la pelea por la presidencia madrileña del PP no era un juego de niños y que tendría su batalla “sangrienta” (no en vano hay un enorme poder económico en juego, demasiado atractivo), no nos podíamos imaginar un escenario tan cainita y sorprendente. Después de las elecciones castellano-leonesas, Ayuso había quedado en una posición más fuerte, al ser incuestionable su poderío respecto a otros líderes populares, con una excepción, Feijoo. Pero Casado se empecinó en erigirse en vencedor en el affaire de Mañueco y se sintió con suficiente bagaje para atacar a la lideresa en su propio feudo y la acorraló con el caso de los cobros de su hermano.

No es que no existieran buenas razones para hacerlo, pues los datos conocidos entonces y más ahora, avalan un episodio de corrupción evidente, al margen de que se pueda llegar o no a la calificación penal de la actuación de la Presidenta. Estamos acostumbrados a que sean los tribunales los que juzguen los hechos políticos y esto no es así. Los jueces determinan las responsabilidades civiles o penales en base a la legalidad vigente. Pero la acción política encierra un amplio abanico de situaciones, no siempre definibles por la justicia, aunque puedan ser rechazables por la ética o la coherencia en el desempeño de la actividad pública. La operación objeto de análisis ofrece todas las señales de una utilización bastarda de un tráfico de influencias incuestionable.

Sin embargo la dirección del PP buscó el camino más corto e intentó ganar tiempo espiando a Ayuso, en vez de acreditar una investigación transparente, que diera un resultado objetivo y claro. Y aquí es donde García Ejea y Casado arriesgaron en exceso, además de situarse ellos también en la ilegalidad. Y cuando salta el escándalo no tienen todos los cabos atados y Díaz Ayuso les hace frente, hasta hacer recular a su Presidente ostensiblemente. Mientras, Ángel Carromero, un personaje siniestro, mano derecha del alcalde Almeida, salta por los aires dimitiendo de su cargo y causando baja en el Partido. Ahí está la prueba de que la operación se ha realizado desde el ayuntamiento capitalino, aunque se intente decir que nadie la conoce.

El paso en falso de Casado ocasiona un auténtico terremoto interno, que le obliga a convocar a los órganos del PP en los que ya constata su pérdida total de apoyos y su caída controlada hacia el Congreso de abril. Pero lo que asombra de veras es cómo se ha optado por proteger la corrupción, frente a una mala gestión política, si ésta puede hacer perder poder, aunque sea más honesta. Constituye un mal paso inicial el cierre de filas con Ayuso de los nuevos responsables. A lo mejor tienen que desdecirse en breve.