No se alcanza a comprender cómo las personas con movilidad reducida, beneficiarias de la tarjeta europea de estacionamiento y exentas hasta la fecha del pago de la tasa en la denominada zona ORA, ven sumadas a sus limitaciones físicas los efectos de las intelectuales del equipo de gobierno de esta ciudad, más en concreto del verso suelto que, desde su teórica posición a la siniestra, no da a una a derechas; debiendo en todo caso predicarse la solidaridad en la culpa tanto del autor intelectual de esta nueva masacre, como de quienes dejan en manos de la indigencia intelectual tema tan sensible como el de la movilidad que afecta a las personas con limitaciones funcionales.
El oprobio traducido en esta disposición de la nueva ordenanza obliga a adquirir una tarjeta de residente (o, en su caso, abonar el correspondiente ticket) a aquellas personas que, a causa de sus limitaciones, eran titulares del más que justo y consolidado derecho a una exención que entiende de igualdad, equidad, justicia social y, por encima de ello, de la más básica empatía que cabría apriorísticamente predicar de aquellos que se arrogan sin rubor la exclusiva titularidad de la sensibilidad social con los menos favorecidos.
Me gustó leer recientemente cómo una miembro del colectivo de personas con movilidad reducida rechazaba el término “discapacitada”. Lo cierto es que le asistía plenamente la razón cuando afirmaba que se consideraba mucho más capacitada que la mayoría, pues aún con sus impedimentos y limitaciones, era capaz de duplicar su esfuerzo para empatar en facultades con los teóricamente más aptos.
Sin embargo, el equipo que nos rige –mas no gobierna– pone un nuevo palo en la rueda para obtener 45 euros anuales victimizando doblemente el bolsillo de quienes ya se han visto obligados a efectuar un ímprobo esfuerzo inversor para adaptar sus vehículos a sus especiales necesidades. Confío en que ni tan siquiera cometan tamaña osadía como la de valorar a modo de atenuante el hecho de que existan plazas específicas y exclusivas de aparcamiento, pues de una parte distan mucho de ser las suficientes; por otro lado, la eliminación del límite horario de ocupación en estas zonas va a disminuir sensiblemente la rotación, lo que provocará que estas plazas vayan a estar ocupadas durante mucho más tiempo y; finalmente, la tozuda realidad es que la diferencia entre una persona con movilidad reducida y otra plena es que si la primera no tiene dónde estacionar, se ve abocada a permanecer en su casa (por no hablar, en definitiva, de las distancias que permitan efectuar las maniobras precisas para desenvolverse, que en zona ORA se ven imposibilitadas por la cercanía entre vehículos).
Me permito sugerir –aunque tan sencillo es dar consejo como difícil saberlo tomar– que incrementen las denuncias a la idiocia, de modo y manera que cada sujeto que estacione en plaza especial reservada obtenga una sanción de 1.000 euros. Un sencillo cálculo sobre la generosa base de 1 idiota sorprendido al día (la representativa muestra nos indica que existen muchos más) nos da para bonificar a más de 22 ciudadanos anuales.
Y vuelvo a la rúbrica de esta reflexión: si se antoja especialmente necesario solucionar los problemas en la reducción de la movilidad de las personas más vulnerables, no lo es menos atajar la reducida movilidad de las neuronas que navegan por según qué cerebros y no alcanzan a conectar con sus escasas pares.
