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Estaríamos ante algo que se llama prevaricación

Una sentencia clara y contundente que el Ayuntamiento recurrirá para generar más gasto a los gijoneses

La sentencia que tumba la obra del popularmente denominado “cascayu” en el Muro de San Lorenzo ha sido clara, contundente, sin necesidad de prólogo, porque habla por sí misma y refleja el sentir de una gran parte de la ciudadanía, o al menos de los residentes, usuarios y trabajadores de la zona Este de Gijón.

En Stop Muro, asociación ciudadana sin color ni bandera de partido político alguno, estamos satisfechos. Han sido veinte meses de trabajo y estudio, de sinsabores y zancadillas, pero que finalizan con una sentencia favorable a nuestra petición, que no es otra que la apertura del Muro al tráfico rodado en doble sentido. Una sentencia fruto de un contencioso costoso, pagado con el dinero de los bolsillos de los gijoneses que nos apoyaron y que alzaron la voz ante los desmanes de la Alcaldesa.

Somos conscientes de que las principales urbes del mundo avanzan hacia la peatonalización y la accesibilidad, apostando por una movilidad más sostenible, pero siempre en sus centros urbanos. Mejorar la accesibilidad conlleva gestionar correctamente este tipo de planes para que no provoquen graves problemas de circulación en las ciudades. Una gestión, la correcta, que en Gijón no existe porque se realizan las obras a golpe de ocurrencia, sin estudios técnicos, sin contar con las necesidades reales de la ciudadanía. Una gestión basada en la miopía política de una alcaldesa y un concejal de Movilidad que no ven más allá de las razones internas de su propio partido político.

Está claro que todos debemos pagar impuestos, pero lo discutible es en qué se gastan. Conviene recordar que el Ayuntamiento ha gastado 300.000 euros de todos los gijoneses y gijonesas en una obra, la del “cascayu”, que ahora es calificada como ilegal. ¿Cuánto va a costar ahora restituir el tráfico en el Muro? Pues, más o menos, otros 300.000 euros.

Equivocarse es de sabios, y aún más en política, pues todos alcanzamos a entender que cuantas más decisiones toma uno, más posibilidades tiene de errar. Es legítimo.

Pero lejos de admitir el error, de plegar velas y asumir la sentencia judicial, la respuesta municipal es la de recurrir la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Más gasto, más dinero de todos los gijoneses y gijonesas. Qué fácil es tirar con pólvora ajena.

Y que cómodo es no dar la cara, señora Alcaldesa y el señor Aurelio Martín, y mandar al chico de los recados a darla y a calificarnos de movimiento minoritario. Es inherente al PSOE la inercia de no retroceder, de huir hacia delante. Este movimiento minoritario les pide que huyan, pero que en su huida no arrastren con ellos a Gijón y a sus vecinos.

El cierre del Muro fue ilegal desde el minuto uno, sólo hacía falta leer el Plan General de Ordenación. Así que, o bien no conocían el documento, alternativa que consideramos impensable para un concejal de Movilidad, o bien iniciaron la obra a sabiendas de que era ilegal, algo que debería ser aún más impensable si cabe.

Porque estaríamos ante algo que se llama prevaricación.

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