Hasta ahora se sabía que la supresión de la Comandancia de la Guardia Civil de Gijón se hizo a las bravas, sin contar con la mayoría de los mandos y agentes afectados. También se sabía que las explicaciones sobre sus consecuencias en los efectivos, y por extensión en la seguridad de todos los asturianos, brillan por su ausencia desde el primer momento, más allá de ambigüedades enlatadas sin documentar (la directora general de la Benemérita no ha dado públicamente ni un solo dato sobre esta mal llamada fusión en los ocho meses que han pasado desde su aprobación). Y se sabía que es un asunto incómodo para los encargados en la región de ejecutar el cambio aprobado por el Consejo de Ministros. Desde ayer, gracias al Tribunal Supremo, se sabe además que es una considerable chapuza administrativa.
