Dos son, bajo mi punto de vista, los motivos en los que reside la necesidad de dejar las cosas como estaban proyectadas y uno en exclusiva –tan poco comprensible como recurrente y ayuno de toda sorpresa– aquel por el que se decide cambiarlas. Resulta que, en una nueva ocurrencia, el gobierno municipal (la excusa, como veremos, casi empata en peregrinaje con el acto en sí) decide convertir la nueva Comisaría de la Policía Local de nuestra ciudad en un edificio de usos múltiples.
Seguridad y mérito abonan la señalada necesidad; esto es, de una parte la imperiosa exigencia de garantizar la seguridad conforme a la propia Instrucción núm. 6/2017 de la Secretaría de Estado de Seguridad y; por otro lado, simple y llanamente porque nuestros agentes se lo merecen, porque se han ganado con creces el derecho a contar con unas instalaciones a la altura del impagable servicio que prestan a toda la ciudadanía y que no debe ahora verse cercenado por una nueva muestra de la errática política municipal de que viene haciendo gala este equipo de gobierno y que parece directamente proporcional a la trascendencia de la cuestión en la que fijan su miope mirada.
Comenzando por lo segundo, merecería sin más el premio –dudoso sin duda el empleo del vocablo desde el momento en que lo justo no se premia, sino que se imparte– quien viene sufriendo el injustificado castigo, pero lejos de ello, envenenan el caramelo puesto en su boca cuando ni tan siquiera han comenzado a degustarlo. ¿De verdad se puede obviar cómo nuestros abnegados agentes de la policía local llevan años confinados en un edificio de difícil accesibilidad, sin aparcamiento, galería de tiro o compartiendo dos duchas entre 200 agentes? ¿Acaso no es de agradecer que, en tales condiciones, hayan venido prestando satisfactoriamente tan esencial, valorado y prioritario servicio?
La indicada Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad dispone una serie de actuaciones preventivas ante la elevada posibilidad de que se produzcan ataques terroristas a dependencias policiales, recalcando precisamente que la seguridad de las mismas se halla íntimamente ligada a la exclusividad, de modo y manera que el riesgo se incrementa cuando tales instalaciones se emplean para otros trámites, debiendo ceder la posibilidad de una multiplicidad de usos frente al bien mayor que supone la seguridad de las personas que desempeñan su tarea en el edificio.
Estas instrucciones ministeriales son extrapolables a los cuerpos de policía local, y ello aun cuando carezcan de competencias específicas en materia terrorismo, tal y como señala la propia Instrucción, que añade la necesidad de que todas las personas ajenas al cuerpo que accedan a las dependencias deberán ver limitada su libertad de movimientos, lo que supone –en una sencilla tarea deductiva– que la prestación de ese servicio ajeno al policial verá severamente limitada su eficacia y generará asimismo una adicional incomodidad tanto para el ciudadano que accede al mismo como para los agentes custodios de la repetida seguridad.
Aún están por definir o completar dichos usos, pero a la ya anunciada Oficina de Movilidad parece ahora sumarse el Servicio de Prevención y Salud Laboral, por no hablar de la pretérita (y entiendo que superada) ocurrencia que anunciara la propia concejala de Hacienda en una sesión del pleno de establecer en el edificio ¡una escuela infantil de 0 a 3!; seguramente ya no lleguen a este equipo de gobierno las quejas de quien para realizar una consulta se vea obligado a pasar más controles que en el aeropuerto de Nueva York y dudo que a nadie se le ocurriera abocar a sus niños a convivir con todo tipo de munición, pero poco importa cuando por toda explicación a este incomprensible y copernicano giro –que hurta a los agentes unos 1.000 metros cuadrados– nos encontramos con el titular que nos regaló la indicada concejala en cuanto a que “la Comisaría es amplia y puede albergar otros usos”. Cuando la miopía se convierte en ceguera, mejor resulta no ensayar con esta, que algo nos enseñó el gran Saramago.
Concluyo con la obviedad “ab initio” apuntada respecto del verdadero motivo que subyace tras este dislate y que no puede ser otro que el hecho cierto de que el proyecto fue licitado, aprobado e iniciada su ejecución bajo los auspicios del anterior gobierno municipal. Ni con la seguridad se puede jugar ni el mérito se debe dejar de premiar.
