Sobre el “hackeo” masivo del Ayuntamiento de Gijón se ha extendido un silencio sepulcral a nivel oficial que es aceptable solo en parte. Por un lado, es lógico que los ciudadanos asuman, en un ejercicio de responsabilidad, que el gobierno local no informe ni del origen ni de las armas usadas para hacer el destrozo porque eso puede generar incluso más daños, ya que sería servirles en bandeja a los piratas información muy útil. Pero, por otro, empieza a ser cuestionable que, casi dos semanas después, la Administración local no haya hecho públicas unas pautas claras sobre los cambios que el ciberataque implicará en todos y cada uno de los procedimientos ni haya fijado unos plazos, al menos orientativos, sobre la progresiva vuelta a la normalidad. Urge un manual general de instrucciones para evitar la arbitrariedad.
