El pasado 26 de abril se cumplió el 40.º aniversario de la constitución del primer Consejo General de la ONCE, máximo órgano de representación y gobierno de la entidad en la etapa democrática, surgido de las primeras elecciones internas, celebradas el 19 de enero de 1982. Estaba constituido por 4 grupos: el de cariz conservador, integrado por 7 consejeros y 3 de línea progresista, que sumaban 8 miembros en conjunto. Por ello, la Presidencia y las dos Vicepresidencias recayeron todas ellas en miembros de esa orientación. Antonio Vicente Mosquete fue su primer Presidente, que lideró la Institución durante sus 5 años de mandato, interrumpido por su muerte trágica, al caer por el hueco del ascensor de su casa. Con esa pérdida humana dolorosísima se frustró en gran medida el proyecto social de la ONCE, que él encarnaba con inteligencia, decisión y honestidad.
Los logros de ese lustro inicial fueron espectaculares y todo el país pudo contemplar el impacto de una institución moderna, competitiva comercialmente, pero socialmente comprometida con la emancipación de las personas ciegas y con la solidaridad con los demás colectivos de la discapacidad, que luego fraguaría en los años posteriores. El surgimiento de Miguel Durán, director general de la Organización propuesto por el citado Presidente en 1986, al comienzo de la segunda legislatura, nuevamente con una mayoría de 8 a 7 en el Consejo General, decantó, tras la citada pérdida del Presidente, un giro copernicano de la institución hacia un neoliberalismo campante, que anuló la democracia interna y devaluó los objetivos sociales de la entidad, aunque su imagen pública resultase muy atractiva por su gran capacidad como comunicador. Después de tan brillante transformación, la ONCE mantuvo sus servicios sociales especializados, que tiene delegados por el Estado, su creación de empleo y actividad comercial, si bien ya con un nivel de bajo perfil, ya que la falta de pluralismo interno, la desviación de los fines sociales y la carencia de control público por el gobierno de turno, rebajó la exigencia necesaria para mantener la iniciativa en sus retos como institución de carácter social.
Ahora que se acerca un nuevo ciclo electoral, está en manos del Gobierno de coalición progresista del PSOE y Unidas Podemos retomar aquella impronta transformadora, promoviendo un cambio democrático, que permita recuperar el pluralismo y la iniciativa social. Pero no es fácil remover una institución tan poderosa y que goza de una imagen social tan buenista, bajo el manto sagrado de la discapacidad. Pero la apuesta de cambio es indispensable, 25 años sin pluralismo en el órgano representativo e incluso la circunstancia de que en los últimos comicios de 2018 solo haya concurrido el grupo gobernante, son datos suficientes para que la actuación por parte del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, responsable actual de la tutela de la entidad se haga urgente y necesaria.
