Los derechos de todas las personas están plenamente reconocidos en la Constitución Española, cuando afirma en el artículo 14: “Todos los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de raza, sexo, religión, o cualquier otra condición o circunstancia personal social”. Según esto, legalmente todos somos iguales ante la ley que protege a las personas de cualquier discriminación. No son necesarias nuevas leyes de inferior categoría para asegurar derechos fundamentales reconocidos. Lo que no garantiza la Constitución, sino todo lo contrario, es la llamada ideología de género, cuyo postulado acientífico se fundamenta en el rechazo del sexo biológico, como patrón diferenciador y sostiene siguiendo el postulado marxista de la lucha de clases aplicado a los sexos que el binomio natural hombre-mujer, es solo una superestructura y convención social que debe ser sustituida por la libre elección de sexo.
Eso es lo que prima en comunidades autónomas cuyo paradigma educativo es la ideología de género según los poderosos grupos LGBTI. Se pretende que la institución educativa se posicione según los postulados de la ideología de género, que son especialmente graves en el campo de la educación en libertad, por cuando acaban con el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus valores morales y creencias. Atentan contra la libertad real de enseñanza. Además, privilegian con dinero público el adoctrinamiento sexual, lo que está condenado expresamente por el Tribunal Supremo, que no autoriza a ninguna Administración educativa ni a los centros docentes, ni a los profesores a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas. La libertad de conciencia para los padres responsables de la educación de sus hijos está amenazada por normas que vulneran sus derechos fundamentales y les imponen de forma arbitraria la ideología de género pansenxualista. Está en entredicho la educación y el desarrollo de los niños indefensos, así como el derecho de los padres a transmitir sus valores, y la libertad de los centros educativo para formar a las nuevas generaciones sin amanezas y coacciones.
