Cuando Arantxa Miranda, policía municipal de Madrid, lesbiana, participó en el Día de Orgullo de 2018 con uniforme, su imagen saltó a los medios y comenzó su particular lapidación en internet. No sólo recibió insultos por su orientación sexual, hubo quienes cuestionaron su trayectoria hasta que institucionalmente se salió en defensa de su profesionalidad, incluido el hecho de que su participación había sido autorizada. Actualmente es agente especializada en diversidad. Sabe bien lo que significa ser diana de discursos de odio. Atacan impúdicamente o disfrazados, aunque coincidan en motivación y deseo de mal.
Miranda ha participado en una mesa redonda sobre violencia LGTBIfóbica en el marco del VII Festival de Cine LGTBI recién clausurado en Avilés. La acompañaban Eugeni Rodríguez, activista catalán, Iván Gómez, responsable del Servicio de atención contra la LGTBIfobia en Asturias y Charo Alises, abogada especializada en delitos de odio. Esos en los que el agresor escoge a su víctima por su religión, etnia, edad, exclusión social, ideología, origen, discapacidad, enfermedad, orientación sexual o identidad de género. En ocasiones, simplemente por lo que la persona “parece”. El odio tiene ese punto de ceguera rabiosa. Y es simbólico: un aviso a todas las víctimas posibles.
La radiografía de los delitos de odio en España nos dice, según el Ministerio del Interior, que suceden principalmente en las calles, que un 81,5% de los agresores son hombres, de nacionalidad española y entre 26 y 40 años, y que Asturias se encuentra de media tabla hacia arriba, con 2,4 casos por 100.000 habitantes. Nuestra región acaba de estrenar el Observatorio contra la LGTBIfobia. Es un avance. Pero el grueso del problema vuela bajo radar. La “infradenuncia” por miedo, vergüenza o desconocimiento, redobla la impunidad del verdugo que, además, encuentra en el anonimato del “ciberodio” un buen laboratorio de pruebas.
Administraciones, abogacía, cuerpos policiales y entidades civiles saben que animar a la denuncia significa tener recursos preparados para atenderla profesionalmente, así como para catalogar y sancionar las acciones violentas. Curiosamente, el delito de odio no existe en nuestro Código Penal, sí como agravante de una conducta tipificada. Y es importante conocer que entre los recursos se encuentra la justicia restaurativa. La posibilidad de que, una vez juzgados los hechos, víctima y victimario puedan encontrarse en un contexto constructivo.
“Maixabel”, de Itzíar Bollaín, nos abrió la mirada hacia ese diálogo posible para víctimas y verdugos de ETA. Es bueno saber –yo lo descubrí estos días– que también para el odio y sus violencias tiene un efecto benéfico, lo demuestran las primeras experiencias desarrolladas. A la víctima se le abre una vía hacia el perdón; al victimario, la de sanar de su odio. Reinserción con auténtica sabiduría adquirida.
