Con las obras para suprimir el "cascayu" a punto de concluir, afortunadamente antes de que comience el grueso del verano en Gijón gracias al acelerón administrativo que ha dado el Ayuntamiento, se ha abierto al fin el debate de la modificación del plan especial del Muro, el documento que desde 2004 rige las condiciones urbanísticas en el gran paseo marítimo. El gobierno local, por boca de varios de sus concejales, ha expresado en las dos últimas semanas su intención de ajustar el texto al proyecto de reforma definitivo presentado hace unos meses para evitar posibles problemas judiciales, un movimiento que lógicamente implicaría congelar en el tiempo cualquier actuación en el eje. Sería una decisión acertada porque, después de lo acontecido a lo largo de este mandato, es obligado acabar con cualquier sombra de arbitrariedad en este espacio emblemático de la ciudad. Y, además, permitiría dotar a todo el proceso de una participación política y ciudadana con amplias garantías, ya que se ofrecería la posibilidad de presentar alegaciones y de interactuar con la Administración con unos tiempos y procedimientos perfectamente estipulados negro sobre blanco.

Está fuera de toda duda que la inmensa mayoría de los gijoneses aboga por cambios en el Muro, transformado por última vez en la década de los noventa del pasado siglo, aunque hay división social en torno al tráfico, porque algunos se decantan por la semipeatonalización y otros por mantener el doble sentido de circulación. Y también es una realidad que el anteproyecto de reforma del gobierno local ha encontrado una buena acogida por parte de casi todos los colectivos sociales y profesionales que han tenido la oportunidad de conocerlo de primera mano. Pero eso no es óbice para que las máquinas entren en el paseo de cualquier forma, sin tener en cuenta las prescripciones del plan especial (una de ellas, precisamente, es el doble sentido). De ahí que se imponga, como opinan varios técnicos municipales, la necesidad de modificarlo.

Esa transformación, según cuentan en el seno del Consistorio, implicaría un proceso de un año largo debido a los tiempos administrativos. Habría por lo tanto que postergar cualquier mejora en el Muro hasta el próximo mandato municipal. Un aplazamiento que, tras las polémicas de estos años y en favor de la necesaria seguridad jurídica, merece la pena. Cuanto antes se ponga a ello el gobierno local, mejor.