Resulta llamativo que algunos partidos en Gijón reclamen un reglamento que vele por la libertad de conciencia, un futuro reglamento orgánico de laicidad con el objetivo de establecer un marco municipal. Se trata de un claro oportunismo político. No parece existir en España una aversión hacia la religión, aunque no dejan de producirse profanaciones satánicas y robos sacrílegos en iglesias, conventos, así como insultos y descalificaciones contra el clero, sino más bien se presenta la laicidad como un mero oportunismo por algunos partidos políticos. De hecho, algunos que han estado en el poder durante varias no han hecho nada para cambiar la situación.
Esta aparente preocupación por la laicidad ha surgido con motivo de la toma de posesión de los ministros actuales. Todos han prometido acatar la Constitución sin la presencia de símbolos religiosos. En la actualidad, no hay ninguna ley que prohíba la presencia de esos símbolos. Por lo que tan desacertado sería forzar a tomar posesión delante de determinados símbolos como impedir que lo hagan. Como no existe ninguna norma que impida a los representantes políticos asistir a celebraciones religiosas. La presencia de símbolos religiosos responde a una tradición que no debe considerarse contra la confesionalidad del Estado, como la presencia de los cargos públicos en actos municipales. El reglamento de laicidad inspirado en la ideología pretende relegar la religión a la esfera de lo privado y sentimental. Se da una clara e interesada confusión entre laicidad del Estado y sociedad laica. La laicidad del Estado está al servicio de una sociedad plural en el ámbito religioso. El Estado aconfesional se sitúa como garante de la libertad, mientras una sociedad laicista implica de facto la negación del hecho religioso, o por lo menos de vivir la fe en sus dimensiones públicas. La laicidad del Estado requiere separación y neutralidad, pero no puede suponer ni pretender en ningún caso hacer que la sociedad sea laicista. Como afirma el Papa Francisco, la laicidad positiva del Estado reclama una correcta relación entre religión y sociedad, razón y fe y si fuera necesario purificarse de los extremismos ideológicos.
El Estado español no es laicista, sino aconfesional, es decir, que ninguna confesión religiosa es gubernamental. Como defiende el Papa Francisco, el Estado debe ser aconfesional, porque la confesionalidad estatal causa males y están en contradicción con la Historia. La laicidad positiva supone que la Iglesia católica en su misión esencial anuncia el evangelio en libertad e independencia de los poderes civiles, pero en colaboración con el Estado para conseguir el bien común, laicidad negativa.
