Al Gobierno no le ha bastado con una sentencia en contra del Tribunal Supremo a su plan para fusionar las comandancias de la Guardia Civil de Gijón y Oviedo y ayer aprobó por segunda vez la operación, inmune lógicamente a cualquier coste judicial (dispara con pólvora del rey) y también a las críticas de numerosos agentes. Cuentan en el Ministerio del Interior que han subsanado los errores «formales» que volcaron el primer intento (sería el colmo reincidir en ellos), pero siguen sin aclarar cómo se van a reordenar los efectivos, más allá de su promesa de mantener el número actual, presentada como dogma de fe. La falta de credibilidad seguirá creciendo mientras no se ponga sobre la mesa un esquema claro que justifique este cambio en la gestión de la seguridad en Asturias.
