La resistencia del Ayuntamiento a devolver parte de las plusvalías a centenares de contribuyentes pese a los sucesivos pronunciamientos del Tribunal Constitucional que evidencian irregularidades en el cobro forma parte de una arraigada tradición administrativa consistente en mirar para otro lado ante sentencias en contra. La práctica es especialmente nociva para los afectados, que se ven obligados a iniciar procesos judiciales para recuperar lo que es suyo, con los consiguientes trastornos. Pero también hace daño al conjunto de la ciudadanía, porque las arcas municipales afrontan estos procesos con un dinero que es de todos y que bien se podría dedicar a mejorar el bienestar general. Es lo que tiene disparar con pólvora del rey y disponer de todo el tiempo del mundo.
