El escrito remitido por la Federación Vecinal de la Zona Rural al Ayuntamiento para denunciar que las parroquias han sufrido prácticamente un asalto a la semana en lo que va de año debería ser motivo más que suficiente para la reflexión porque esos números no son anecdóticos y nadie en su sano juicio se los sacaría de la chistera con el ánimo de generar polémicas. Guste o no, existe una alarma social y los afectados piden algo tan sencillo como instalar cámaras en diez puntos del área periurbana (cuesta creer que la Administración, cada vez más proclive a grabar todo lo que ocurre en la vía pública, ponga ahora reparos legales). El problema real es que este asunto sigue sin ser una prioridad en la agenda política. La convocatoria de la junta local para dentro de 17 días lo demuestra.
