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Jaime Torner

La polémica surgida por la ley del "sí es sí"

Los medios informativos han comentado ampliamente la polémica Ley del "solo sí es si" (Ley de Garantía sobre Libertad Sexual) basada en el consentimiento mutuo, la cual implica reducción de penas por fusionar el supuesto del abuso con el de la agresión sexual (actualmente posible en más de 500 casos); siendo aplicada por los jueces según el principio de "in dubio, pro reo" (ante la duda, beneficiar al reo), aunque el Fiscal General del Estado recomiende minimizarlo (según un criterio de proporcionalidad) para reducir la tensión entre Jueces y el Ministerio de Igualdad. Me explico. En primer lugar, un proyecto de ley es presentado por el Gobierno (poder Ejecutivo) al Parlamento (poder Legislativo) para su aprobación como ley, siendo aplicada luego por un juez–magistrado (poder Judicial). Consiguientemente, si una ley nace defectuosa, su perjudicial efecto debe atribuirse a quien la redacta, pero nunca al juez–magistrado que la interpreta y aplica. Así, según Julio Martínez Zahonero (Jueces para la Democracia, Asturias): "Prevaricaríamos si no revisásemos la Ley".

En segundo lugar, en España, un ciudadano puede entrar en política dependiendo más del "carisma" personal que de su cualificación académica. Sin embargo, un Magistrado requiere una intensa formación, incluyendo "materias de igualdad", tal como indica la magistrada Carolina Serrano (Presidenta Territorial de la Asociación Profesional de la Magistratura), quien matiza: "Cada uno debe asumir su responsabilidad" (refiriéndose, supuestamente, a la Ministra de Igualdad). Consiguientemente, para interpretar un texto legal, el criterio de un magistrado supera obviamente al de políticos condicionados por imperativos ideológicos o electorales.

En tercer lugar, desde el poder ejecutivo–legislativo no debería existir inmunidad para ofender a jueces y magistrados porque ello cuestiona la integridad del sistema judicial y fomenta el incumplimiento de la Ley. Por ello, tres asociaciones judiciales reclaman la dimisión de la cuestionada Ministra de Igualdad.

En cuarto lugar, sorprende el aparente papel secundario de la Ministra de Justicia en este embrollo legal cuando, teóricamente, debiera llevar la iniciativa para solucionarlo.

Finalmente, una proposición de Ley no debe redactarse según conveniencia del poder ejecutivo para satisfacer a parte del Gobierno de coalición que le sustenta; sobre todo cuando un informe del CGPJ (Consejo General del Poder Judicial) advirtió del riesgo implícito en eventuales revisiones de penas "a la baja".

En definitiva, la Ley del "solo sí es sí" (vigente desde hace un mes) ha nacido "contra natura" aunque voces autorizadas alertaban en su contra; resultando las víctimas de la agresión sexual sus grandes perjudicadas; cuando, paradójicamente, debiera protegerlas. Por consiguiente, ante la pasividad del Gobierno, pendiente de un pronunciamiento del Tribunal Supremo, me pregunto si con semejante dictamen se resolverá este embrollo.

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