El 18 de Brumario del Tribunal Constitucional

En su obra "El espíritu de las leyes", Montesquieu estableció el principio de la división de poderes. Se trata de que los diferentes poderes del estado se controlen y limiten entre sí, a fin de evitar los posibles abusos de alguno de dichos poderes. Pero ese principio en ningún momento autoriza a que el máximo órgano de interpretación de la Constitución, que además no forma parte del Poder Judicial como tal, interfiera en los procesos de deliberación del Parlamento, impidiendo el desarrollo de los debates o las votaciones. Al tribunal de garantías le corresponde examinar las leyes o acuerdos parlamentarios para comprobar si se ajustan a la Carta Magna; pero es cuestionable que tenga atribuciones para impedir de manera preventiva a las cámaras legislativas ejercer su función de representación de la voluntad popular. Que miembros recusados del Consejo General del Poder Judicial hayan participado en la votación sobre su propia recusación o en la admisión del recurso de amparo presentado por el Partido Popular pone en tela de juicio la imparcialidad del máximo órgano de nuestra judicatura

Parece que la mayoría conservadora del Tribunal Constitucional o del Consejo General de Poder Judicial, con el mandato caducado, aspirase a perpetuar su poder erigiéndose a la manera de la Cámara de los Lores, en una suerte de tercera cámara vitalicia ajena a la voluntad popular, creyéndose validada incluso para poder bloquear el ejercicio de la soberanía del Parlamento.

Todo se deriva del creciente deterioro institucional que lleva a pensar en que se pueden sacar réditos políticos bloqueando acuerdos básicos, como la renovación de los órganos del poder judicial.

Se puede rechazar los planes de reforma de los delitos de sedición y malversación planteados por el Gobierno o considerar inadecuadas las modificaciones de los mecanismos de elección de los vocales del Tribunal Constitucional, pero es inaceptable servirse de triquiñuelas para impedir que el Parlamento apruebe cambios en las leyes o para bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Mucho menos cuando esos manejos conducen a una profunda crisis de nuestro sistema institucional.

Desgraciadamente, una parte de la derecha y de las élites económicas así como determinados clanes ideológicos, con gran peso en la judicatura y otras estructuras del Estado, parecen creer que España y sus instituciones son su coto privado y que cualquiera que no concuerde con su visión de lo que ha de ser nuestro país carece de legitimidad para gobernar.

Es una tarea urgente acometer las reformas necesarias para avanzar en la democratización de un sistema judicial anclado en el pasado y que parece sentirse ajeno a los importantes cambios sociales y políticos que en los últimos años ha vivido la sociedad española.

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