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Alejandro Ortea

Varadero de Fomento

Alejandro Ortea

Desmesura

El nuevo reparto de tareas entre los ediles muestra desesperación

Lo de Olmo Ron no tiene nombre: a pocos meses de las elecciones y de terminar su mandato en el Ayuntamiento de Gijón y de finalizar la legislatura regional, va y acepta el nombramiento que el hombrín de Laviana le ofrece para ser director general de no–sé–qué–cosa en su Gobierno, salvándole de un futuro incierto en Gijón en donde sus acciones políticas prácticamente no cotizan ya. Es un movimiento a futuro, como lo es reforzar a Cofiño como número tres de su candidatura a dedo y sin remisión.

La espantada de Ron en el Ayuntamiento ha obligado a la Alcaldesa a repartir competencias entre los concejales que le quedaban, como desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA. Despreció la primera autoridad a José Ramón Tuero, llamado a repetir en la lista al Ayuntamiento o incluso a la Junta General, para colocar al frente de Emulsa a Carmen Saras, concejala prácticamente inédita hasta ahora y cargar de trabajo a Marina Pineda para endosarle la presidencia de la Empresa de Aguas. El hecho de que Salomé Díaz Toral se deba hacer cargo de la delegación para las Obras Públicas, con tantos asuntos pendientes, indica la desesperación de la Alcaldesa para completar un puzle por el que la espantada de Olmo Ron pasó como un tornado. Y hacerlo todo ello de sopetón, sin hablarlo previamente con la dirección de su partido, indica claramente, por la composición de las nuevas responsabilidades y su adjudicación, una pérdida de sentido absoluta, más que picardía o maldad políticas. Definitivamente, una desgraciada desmesura.

A estas alturas de nuestra historia como inestable villa marinera, las asociaciones de vecinos y sus federaciones representan una auténtica rémora social. Mucho reglamento de participación para que después desprecien participar como si con ello desestabilizaran algo. Son entidades menguantes que, en muchas ocasiones, ya no tienen a quien se quiera poner al frente. La participación, como permite la Ley de Grandes Ciudades, requiere un reglamento muy afinado y, por supuesto, muy consensuado y, de no ser así, merece más la pena de que no exista. Las Asociaciones de Vecinos reciben fondos municipales para su sustento: sean grandes o modestas las cantidades, son un dispendio que la ciudad no se debe permitir. Es una verdadera cuestión antidemocrática que unas entidades decadentes tomen o participen en decisiones que afectan a la población en general, cuyos directivos no han sido elegidos nada más que por una docena o dos de personas. Los únicos que deben tomar las decisiones que nos afectan a todos son los concejales, que para eso se presentan a unas elecciones y son votados por la ciudadanía. Esos pasados gloriosos no pueden significar una rémora en el funcionamiento de nuestra principal institución local.

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