El segundo siniestro en un colegio gijonés en apenas un año ha levantado una lógica preocupación en la comunidad educativa de la ciudad, que mira entre atónita y enfadada hacia el Principado y el Ayuntamiento por su responsabilidad de asegurar el buen estado de los centros educativos. Las explicaciones hasta ahora por parte de ambas administraciones han sido más bien escasas, e, incluso, de las palabras de algunos dirigentes se deduce que los derrumbes fueron fruto de la casualidad. Un argumento que no es sólido ni mucho menos convincente porque no se produjeron debido a fenómenos naturales o por causas ajenas a los propios inmuebles. Tal y como se desprende de los informes, en ambos casos hubo un mantenimiento deficiente y, por lo tanto, un mal control por parte de las autoridades. Porque, al margen de la titularidad de los colegios (uno era concertado y el otro público), la vigilancia de los edificios que acogen usos educativos corresponde a los poderes públicos. La única casualidad es que ni en el San Vicente de Paúl ni en el Rey Pelayo hubiera niños en el momento de los desplomes. Urge, por lo tanto, mejorar los protocolos de actuación y, sobre todo, dar una respuesta nítida a la opinión pública. En la víspera del día de Reyes del pasado año, a escasas horas de que los alumnos del San Vicente de Paúl regresaran a clase tras las vacaciones de Navidad, parte de la cornisa del edificio se vino abajo acabando con la vida de dos de los operarios que en ese momento se encontraban haciendo labores de mejoras en un aula de Primaria. Los fallecimientos provocaron una profunda conmoción en la sociedad gijonesa y el derrumbe, provocado por la acumulación de agua durante años, obligó a que todos los estudiantes del centro fundado por las Hijas de la Caridad y gestionado por una fundación fueran derivados al Patronato San José. El traslado fue ejemplar gracias a la ingente labor de las direcciones de los dos centros "hermanos", con la colaboración de la Consejería de Educación, que reaccionó bien tras varios días de dislates. Al Principado, que entonces usó el carácter concertado del San Vicente para destacar el buen estado de toda la red pública, el tiempo le ha quitado la razón. Y el Ayuntamiento aseguró que sometería todos los edificios públicos de más de 50 años a un exhaustivo examen a lo largo de 2021. Tampoco ha sido así.

Lo ha demostrado el hundimiento hace días del suelo de un aula de Educación Infantil del Rey Pelayo, que según explicación oficial no pasó el prometido control municipal porque ya se había hecho en 2020. Ocurrió de madrugada, así que no ha habido que lamentar daños personales, y los alumnos han sido derivados a La Escuelona y El Llano. El informe preliminar habla de la corrosión del forjado por humedades como posible causa del derrumbe. No hay debate posible: había desperfectos y no fueron detectados o, como poco, bien evaluados. A las autoridades solo les queda una salida: informar ya y con transparencia de la situación de todos los colegios e institutos gijoneses.