Consideraciones sobre el "lawfare"

Desde hace un tiempo, los medios informativos nos describen un término teóricamente jurídico y poco conocido por la ciudadanía: el denominado "lawfare". Se trata del punto fundamental de la Ley de Amnistía, actualmente tramitada en el Congreso y de efectos imprevisibles; razón por la cual, pienso que proceden las siguientes consideraciones:

En primer lugar, "lawfare" se define como una presunta persecución judicial basada en intereses espurios que, previsiblemente, engloba los hechos del "procés" protagonizados por políticos independentistas catalanes entre 2012 y 2023 y motivo de la actual revisión parlamentaria en base a los acuerdos pactados entre PSOE, ERC y Junts per Catalunya para la investidura de Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno.

En segundo lugar, durante el trámite de la Ley de Amnistía, se han creado tres comisiones de investigación para aclarar si, tal como declaró Miriam Nogueras (portavoz de Junts): "El papel de los jueces fue decisivo para desactivar la independencia de Catalunya"; estando previsto que la cúpula judicial comparezca en el Congreso para analizar los supuestos casos de "lawfare" registrados contra el independentismo catalán.

En tercer lugar, todas las asociaciones judiciales critican estas comisiones de "lawfare" pactadas entre PSOE y Junts. De hecho, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado por unanimidad solicitar al Congreso y Senado que no citen a jueces en tales comisiones.

Dicho lo cual, me pregunto: ¿Deberían acudir los jueces al Congreso para testificar? Según el presidente del CGPJ, desacreditando al Poder Judicial en esas comparecencias, su efecto sería demoledor porque, inevitablemente, colisionaría con el poder legislativo y ejecutivo. Además, en su reciente comparecencia ante la comisión de Justicia del Congreso, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, declaró que los jueces no debían acudir a estas comisiones del Parlamento.

Sin embargo, el portavoz del grupo Sumar en esta comisión declaró que, según el artículo 76 de la Constitución y el 502 del Código Penal, nadie queda exento de comparecer ante las comisiones parlamentarias; aunque, luego y según la pregunta formulada, tenga derecho a no contestarla.

En definitiva, a mi juicio, la creación de estas comisiones parlamentarias solo responde al revanchismo del independentismo catalán contra el Poder Judicial por las sentencias del "procés", lo cual presupone cuestionarlas y amenazar la estabilidad política de la legislatura. Por tanto, ante un supuesto caso de prevaricación judicial, los propios jueces deberían aclararlo a través del CGPJ; resultando improcedente e irresponsable desacreditar o, incluso peor, humillar al conjunto del estamento judicial si se le supedita al legislativo con tales comparecencias porque se vulneraría su independencia; aunque, luego, los jueces deban interpretar y aplicar las leyes emanadas del legislador.

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