Ilimitada exigencia política de Puigdemont

El prófugo Puigdemont incrementó sus exigencias para mantener vigente el pacto que permitió investir a Pedro Sánchez como Presidente, supeditando el apoyo de Junts en los primeros decretos-ley del 2024 a la sanción del Gobierno sobre las empresas catalanas emigradas al resto de España por la inestabilidad económica del "procés" que, actualmente, se nieguen volver a Cataluña. Esta noticia merece varias consideraciones:

En primer lugar, Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, calificó de comunismo pretender multar las empresas que no deseen regresar a Cataluña porque un empresario siempre puede emprender su negocio donde considere oportuno. En segundo lugar, debido al "procés", unas 9.000 empresas huyeron de Cataluña buscando seguridad jurídica y económica; ratificándose la clara obsesión de Puigdemont por construir el tejido empresarial para su utópica Cataluña independiente recuperando las firmas catalanas del sector bancario (La Caixa, Banco Sabadell) o del vinícola (Codorníu); aunque el propietario de Nature House declarase por televisión que cerraría su negocio antes de pagar una sanción.

En tercer lugar, también resulta previsible que si el Gobierno central hostiga empresas catalanas (que, mayormente, buscaron refugio en Madrid) para complacer las exigencias de Puigdemont, estas podrían seguir el ejemplo de Ferrovial y emigrar a otro país de la Unión Europea.

Finalmente, el PP no apoyó al Gobierno en dichos Decretos-Ley porque, según Feijóo: "No vamos a arreglar los problemas internos del desgobierno".

Tras la jornada parlamentaria del 10 de enero, el Gobierno logró aprobar (con abstención de Junts) el "decreto ómnibus" y el "plan anticrisis", salvando los 10.000.000.000 euros de la UE destinados a España; a cambio de suprimir el artículo 43bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil para allanar la amnistía (aunque esta ley también precisará salvar el escollo de su presunta inconstitucionalidad ante delitos de terrorismo, apuntada por los letrados del Congreso, lo cual puede afectar a Puigdemont y Marta Rovira (por el caso Tsunami Democrátic), delegar competencias de inmigración a Cataluña, lo cual plantea un claro agravio comparativo con las demás comunidades y reformar la Ley de Sociedades de Capital para incentivar el regreso a Cataluña de dicha diáspora empresarial; aunque sin concretar posibles sanciones a las que no vuelvan, a pesar de que sigan teniendo su actividad en allí.

En definitiva, esta legislatura no puede depender de un prófugo exiliado en Waterloo y al presidente del Gobierno le costará complacerlo considerando que su exigencia va en aumento; aunque todo es posible dada su gran condición de malabarista político.

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