Opinión

A propósito del fallo del Tribunal de Cuentas

Por muchas vueltas que se quiera dar a la cuestión, nos hallamos ante un mero error de imputación formal del gasto

Tanto el análisis de la realidad fáctica que precedió al dictado de una resolución judicial fruto de un allanamiento, como el examen de la propia naturaleza jurídica de tal figura, se antojan esenciales para realizar un estudio cabal del fallo del Tribunal de Cuentas (TCue) alejado de cualquier tentación de instrumentalización política, aun cuando la precipitación e impostura con que han salido a la palestra los hasta ahora rezagados opositores, conviertan en tardía dicha vocación.

Resulta obligado comenzar significando que la hoy Alcaldesa decidió "motu proprio" en su momento dar un paso al frente y tomar sobre sus hombros una responsabilidad que, siendo rigurosos, no le correspondía en Derecho, toda vez que una cosa es la formalidad del cargo y otra bien distinta la titularidad de la culpa que, lejos de ir anudada per se a tal condición, exige de hechos concretos que permitan atribuirla. Ella sabe por qué lo hizo y, desde esta humilde columna, solamente puedo decir que su motivación le honra; máxime cuando en formaciones bien cercanas se optó en similar tesitura por buscar el consuelo en el mal compartido.

Reconocer los hechos y allanarse a un pliego de demanda son cosas bien distintas. El allanamiento no supone asunción de culpa (y mucho menos en los sesgados términos que han tenido a bien escenificar quienes tras un año aciago, despiertan de su letargo opositor con el socorrido recurso al alarde bronco y sobreactuado), sino una posición jurídica que puede descansar, como es el caso, en otros condicionantes. Así, desde una perspectiva práctica y bien meditada, ha preferido la Regidora dar ejemplo ("rara avis" cuando el mismo pasa por reconocer un error, por mínimo que este sea) y no mantener una situación de litigio permanente que en nada beneficia al Ayuntamiento que ahora preside.

Cuando se gestó este artificioso procedimiento (tras otros tantos previamente frustrados) por iniciativa de residuales satélites afortunadamente extirpados de un partido hoy aseado, la situación de Carmen Moriyón era bien distinta y podía permitirse el lujo de litigar para hacer valer la bondad de sus argumentos; ahora, desde su posición al frente de la máxima autoridad municipal y la responsabilidad que conlleva la ejecución de los ambiciosos proyectos en ciernes, ha decidido centrarse en su acción de gobierno y cerrar definitivamente este capítulo aun a costa de su patrimonio (señor Flórez, no puede "devolver" lo que no fue objeto de apropiación, pero en todo caso ya ha reparado a su cargo el error contable en los gráficos términos que figuran en la resolución) en una decisión –reitero– tan poco común como, a mi juicio, plenamente acertada.

La totalidad de los cargos a que hace referencia la sentencia responden a gastos reales, resultando acreditado que ninguno de ellos supuso enriquecimiento personal alguno. Cosa distinta es que, según criterio del TCue (discutible, matizado en otras resoluciones y, por ende, susceptible de un debate jurídico que no se tuvo a bien acometer) su pago no correspondía hacerlo al grupo municipal, sino al partido e incluso (alguno de ellos) al propio Ayuntamiento, pues por muy extraño que parezca, se han sufragado con las asignaciones del grupo municipal una serie de gastos que podrían ser cargados directamente al Consistorio, error contable y bien intencionado que ningún perjuicio ha causado, sino todo al contrario.

Por muchas vueltas que se quiera dar a la cuestión, nos hallamos ante un mero error de imputación formal del gasto que da lugar a una responsabilidad civil y contable por alcance (que importa una cantidad insignificante, casi simbólica, dentro del caudal objeto de asignación) y que, a diferencia del delito de malversación, admite su comisión imprudente y no dolosa. A nadie se le escapa que la premisa esencial de cualquier acción fraudulenta pasa por la ocultación de la maniobra que le sirve de base, mientras que en el caso que nos ocupa la totalidad de operaciones en cuestión aparecen fielmente reflejadas (y nominadas) en los correspondientes asientos contables.

Y créanme que ni mucho menos nos hallamos ante la excepcionalidad que predican quienes aprovechan para asomar su pretendida honradez, pues lo insólito no es la presencia de desajustes en una contabilidad de esta naturaleza, sino el esmero por hacer casus belli de una cuestión que no pasaría de la categoría de anécdota si no sirviese de antesala para tratar de justificar y dar cobertura a las conductas (estas sí, graves, indiciariamente criminales, de inminente enjuiciamiento y merecedoras de sendas acusaciones pública y particular cuyo buen fin implicaría pena de prisión) protagonizadas por quien en la sombra acaudilla a esta cohorte de renegados que agoniza al compás de sus estertores e intenta baldíamente desestabilizar con sus coletazos finales a quien con sumo acierto les mostró la puerta de salida.

Cualquier contabilidad de cualquier grupo municipal de cualquier ayuntamiento de España no soporta, no ya el riguroso análisis de un órgano fiscalizador como el TCue, sino el mero y superficial examen del menos formado de los contables al uso y, desde luego, los eventuales hallazgos distarían mucho de los nimios desajustes constatados en las cuentas del grupo municipal cuya responsabilidad se arrogó quien lo encabeza. Si me permiten, pues, el consejo, no hablen muy alto desde el banco opuesto, que mientras las cuentas de unos están a día de la fecha escrupulosamente revisadas y saneadas, hay barbas que bien harían en ponerse a remojo. En definitiva, no hagan supuesto de la cuestión ni categoría de la anécdota y déjense de atajos, que para recuperar el poder meritoriamente perdido no es suficiente con disparar apuntando a donde le indican los escombros del "casquismo", máxime cuando la munición es de fogueo.

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