Vivienda: cuestión de derechos

Es difícil abordar una realidad cuando visiones que a priori parecen enfrentadas tienen en la mayoría de los casos razón. Hablar de vivienda en 2025 en una ciudad como Gijón, o cualquier otra de tamaño medio/grande, es hablar de un privilegio. Un bien necesario para desarrollar proyectos vitales que con el paso de las décadas se ha vuelto inaccesible para la mayoría de las personas. Un bien que ha sido objeto de especulación, de mercadeo y que ha ido perdiendo su fin principal. El concepto hogar se está viendo cada vez más distorsionado.

Lejos quedan aquellos tiempos en los que comprar un piso o una casa era un ejercicio difícil, pero asumible. Las rentas del trabajo permitían a una familia plantearse lanzarse a la adquisición o alquiler de esos metros cuadrados que iban a ser escenario de sus vidas. Algunas personas creerán que la vida es así y poco o nada se puede hacer.

Hay un hecho al cual no podemos renunciar, que interpela y dota de sentido a las políticas públicas. Reconfigurar ese imaginario entorno a la vivienda como derecho es un camino del cual no nos podemos alejar. Estamos ante el pilar básico que genera seguridad, facilita el desarrollo de un proyecto vital y ayuda a vertebrar nuestras comunidades. Bajar los brazos a la explotación infinita de la vivienda supone desdibujar la configuración de nuestras ciudades. Ese camino exige regular, facilitar y promover. Verbos que llaman a la acción pero que hoy en día todavía se abordan con tibieza. Reconozcamos que estamos a años luz de todo aquello que se debiera hacer para abordar la realidad/problema de la vivienda.

Tan cierto es todo esto como que una persona que tiene dos propiedades, una como vivienda habitual y otra que puede estar alquilando, no es un gran tenedor. Y aquí encontramos el choque entre lo que queremos y lo que pasa. Hay personas que están soportando el avance necesario en el derecho de acceso a la vivienda. Personas que sienten una inseguridad comprensible. ¿De quién es culpa esto? Es natural señalar a quien vive esa situación de vulnerabilidad. Pero si levantamos la vista podemos descubrir que el problema se sitúa en esa dejación de responsabilidad por parte de la administración.

Yo quiero una sociedad donde ninguna persona se vea desahuciada, donde alquilar un piso no esté al alcance de quienes no tienen hijos, tienen rentas muy por encima de la media o tienen la capacidad de presentar avales de magnitudes cósmicas. Una sociedad donde quienes ponen a disposición su patrimonio no tengan una inseguridad que le causa un trastorno, pérdidas y sufrimiento.

Esa sociedad solo será posible si la administración como titular de obligación de los derechos empieza a dar respuesta. Si empieza a escuchar a las mayorías. Ahí tenemos la lucha.

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