Opinión
La mareona naranja
La situación de la enseñanza concertada en Asturias es preocupante, aunque sea una modalidad educativa garantizada por las Constitución, por ser un derecho fundamental de los padres la elección del centro educativo más acorde con sus valores morales y religiosos, sin ser castigados por ello.
La Enseñanza concertada se justifica por sí misma y no puede ser considerada como un rival de la pública, ni subsidiaria de la misma para garantizarla. La "mareona naranja" de padres, alumnos y profesores se manifestaron la pasada semana reclamando algo tan elemental como la dignidad educativa, no solo de los docentes, sino de las familias, como se podía leer en sus pancartas u oír en sus gritos de protesta: "Enseñamos con corazón y exigimos con razón" o "Hasta hemos llegado: concertada en la lucha".
Pedían, además, la dimisión del sanchista Adrián Barbón, por su tibieza en la defensa de sus derechos. Los docentes y familias de la enseñanza concertada reclamaban que no fuesen considerados como docentes de inferior categoría que los de la pública, pues llevan 25 años reclamando algo tan básico y justo como es la igualdad en derechos y obligaciones. Regular las jubilaciones parciales y obtener un salario que esté en relación directa con su trabajo docente. Recordaron a la autoridad política cómo el mandato legal que garantiza y equipara la enseñanza concertada como la pública.
La enseñanza concertada no puede ser considerada como un excedente de pública que se encarga de cubrir los huecos educativos que no llena la enseñanza pública porque no lo desea o no puede. Los manifestantes exigían la equiparación de horario, porque trabajan 25 horas semanales, siete más que la pública con salarios inferiores, lo que no es ningún privilegio, sino una injusticia. Exigen más pedagogía y menos burocracia. Un reclamo persistente fue el que se respete el derecho constitucional de los padres de elegir el modelo educativo más acorde con sus valores morales y religiosos. La concertada atiende a alumnos con necesidades educativas especiales, y a alumnos de familias migrantes. Aún permanece un tema importante: cómo se garantiza el acceso a la enseñanza.
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