Peajes

Tenemos un problema con los problemas que atraviesan varias legislaturas. Empeora cuando son de signo distinto, cosa probable porque de ello van justamente las democracias: la ciudadanía convirtiendo su criterio mayoritario –expresado en el voto– en un gobierno concreto. Esa cosa llamada sentido de estado serviría como elemento corrector de las políticas de unos u otros, conscientes todos de nuestros objetivos colectivos como sociedad. Pero cortoplacismo y confrontación simplista han colonizado políticas y debates. Y eso casa mal con la lucidez y generosidad que exige la mirada de luces largas que necesitamos.

Nadie quiere el peaje del Huerna pero el peaje sigue. Como si tuviera vida propia. En el histórico de decisiones desde que se creó la infraestructura hasta el día de hoy, pocos actores son inocentes. El Partido Popular prorrogó la concesión en tiempos de José María Aznar, con Francisco Álvarez Cascos en el esplendor de su poder en Madrid. Ni a uno ni a otro se les espera en la manifestación convocada para el viernes en Oviedo, donde sí mostrará su indignación el PP asturiano como si la cosa no fuera con él.

Tampoco se espera al ministro de Transportes, Óscar Puente, un señor que sabe exponer argumentos uno detrás de otro en la tribuna que toque, para llegar en nuestro caso a la conclusión de que el peaje no debería estar, pero está. Como si no hubiera intervención posible. Que a lo mejor no la hay, pero no se ven siquiera maneras de ir a buscar remedio a lo que reconoce que no debería seguir. Una especie de prórroga por omisión.

Al presidente del Principado, Adrián Barbón, le toca de vez en cuando hacer equilibrios con las decisiones del gobierno central y, en este caso, ha intentado colocarse astutamente a la cabeza de un sentir unánime. Porque ¿hay alguien conforme con este canon eterno? Pendiente, por cierto, de veredicto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que podría declarar ilegal la famosa prórroga de la que nadie se hace cargo. La justicia a destiempo es desamparo.

Y hablando de cuestiones que atraviesan legislaturas y sufren amenazas cuando deberían ser cuestión de estado, un peaje invisible pero bien doloroso es el que pagamos las mujeres aguantando la matraca negacionista del derecho al aborto. Sería bueno medir el impacto de estas acometidas sobre nuestro bienestar físico y emocional. Sembrar incertidumbres, amenazas y culpas sobre el hecho decidir por nosotras mismas, es desasosegante e injusto. Una eterna alerta.

El gobierno trata ahora de blindar ese derecho en nuestra constitución. Si no llega a tiempo, estremece imaginar un regreso a la oscuridad que creímos superada. Y, si llega el caso de tener que reconquistar lo perdido, igual intentan abanderar los sucesores de quienes pudieron evitarlo pero no lo hicieron. Los de ahora, dirán, no estaban allí.

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