Opinión | La trastienda
Política social
La presentación del informe sobre el estado de la pobreza en Asturias, realizado hace unos días en la Junta General del Principado por La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social , nos deja la imagen de una región que algunas personas no queremos tener y que, en muchas ocasiones no vemos porque la pobreza suele ser silenciosa, sobre todo en tiempos en los que el crecimiento económico y el empleo consiguen disminuir las estadísticas en relación a otros años y en la comparativa nacional, pero no deben ocultar las necesidades básicas de nuestras vecinas y vecinos más vulnerables.
Y no son pocas personas. Del millón de habitantes que somos, 185.000 viven en riesgo de pobreza y de ellas 107.000 son mujeres. Su realidad es tremendamente dura, son mayoritariamente mujeres, hogares con menores, preferentemente en ciudades y de todas ellas, más de 90.000 son pensionistas con ingresos que no superan el umbral de la pobreza, es decir 785 euros al mes y casi 14.000 son mujeres viudas en situación severa con menos de 500 euros al mes de pensión.
Ellas, que trabajaron toda su vida, manteniendo a su familia con su esfuerzo lo que les impidió tener otro trabajo que ahora les posibilitaría una pensión de jubilación, viven en la pobreza severa a nuestro lado sin poder, según los datos de este informe, encender la calefacción en invierno, cambiar un mueble que se estropea, tener más de un par de zapatos o hacer frente a gastos imprevistos como la rotura de unas gafas.
Esta situación es injusta como lo es la de los hogares con menores donde se concentra también la pobreza severa. Niñas y niños, adolescentes que no pueden comer carne o pescado cada dos días, tampoco pueden cambiar de ropa como desearían, que no pueden ir al cine con sus amigos y mucho menos soñar con unas vacaciones fuera de su casa. Estigmatizados por su situación de pobreza, se harán adultos con el miedo y el frio en el cuerpo, miedo a no progresar, frio a no ser atendidos y comprendidos.
Hay una esperanza y no es otra que la intervención pública, las políticas sociales realistas y destinadas a paliar estas situaciones que solo pueden producir vergüenza social. Si no existieran actualmente estas políticas sociales, en Asturias 260.000 personas estarían en riesgo de pobreza y 150.000 en pobreza severa. Razones más que suficientes para seguir apostando por una redistribución de la riqueza que pasa por pagar impuestos quien tiene y ayudar al progreso de quien no lo tiene.
Con este escenario, hace unos meses, el Gobierno municipal de Gijón sacó 4 millones de euros del presupuesto de la Fundación Municipal de Servicios Sociales para pagar deuda de los bancos. Es falta de humanidad, la prueba indiscutible de la política que hoy se hace en Gijón.
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