El "hostelero crucificado" de Grado irá a los tribunales y volverá a pedir licencia para reabrir el Trastévere

El hostelero de Grado Bernardo Álvarez, "Pachanga", acudirá a los tribunales para reclamar una indemnización de aproximadamente un millón de euros a las administraciones implicadas en el denominado "caso Trastévere". Es decir, al Ayuntamiento de Grado y al Principado, para que le resarzan de los daños derivados del cierre del gastrobar que abrió en Grado con todas las licencias pero hubo de cerrar después por orden judicial tras las denuncias de un particular que las basó en que el edificio que albergaba el negocio estaba catalogado y no admitía los usos de tipo hostelero que se le dieron.

Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA, el Consejo Consultivo acaba de hacer público un dictamen, solicitado por el Ayuntamiento, en el que cifra en 150.000 euros la indemnización a percibir por el hostelero, aunque atribuye al Consistorio un 70 por ciento de esta suma por responsabilidad patrimonial, es decir 105.000 euros, y considera que no debe asumir toda la carga puesto que el Principado y, en concreto, Cultura, también intervino en la concesión de licencias al tratarse de un edificio catalogado. Bernardo Álvarez no solo considera la cantidad "irrisoria", sino que anuncia que, una vez sobre la mesa este informe del Consultivo, seguirá adelante en los tribunales.

"A partir de ahora lo que vamos a hacer es ir a los tribunales, vamos a llevar a juicio tanto al Principado como al Ayuntamiento y reclamar la cuantía que habíamos planteado", señala el hostelero, cuyo caso dio la vuelta al país al simular una crucifixión en la plaza de Grado, en octubre de 2023, para denunciar su caso. Una vez que se ha conocido el dictamen del Consultivo, el Ayuntamiento "hará un informe" a partir de él y habría un plazo de dos meses para acudir al Juzgado. "Iremos a los tribunales en los próximos días", avanza Bernardo Álvarez, que además tiene intención de intentar reabrir el local si las modificaciones urbanísticas que están llevando a cabo en Grado lo hacen posible.

"Cuando se publique el nuevo catálogo urbanístico de Grado, volveré a solicitar licencia para reabrir el Trastévere", aseveró Álvarez, que explica que llamó al Consejo Consultivo para mostrarles su disconformidad con las valoraciones del dictamen, que "no hay por dónde cogerlo", pues ni siquiera suma todo lo invertido "para dejarnos en el estado anterior al lío en que nos metieron las administraciones". Recuerda, entre otras cosas, que tuvo que devolver, después de haberla invertido en el local, la subvención pública que recibió por abrir el negocio, que sigue pagando a día de hoy una letra mensual que supera el salario que gana, además de lo que costó comprar el edificio, reformarlo y adecuarlo para ponerlo en marcha.

Este caso se remonta a enero de 2020, cuando Bernardo Álvarez toma la decisión de iniciar el proyecto de su gastrobar y después de solicitar y obtener todos los permisos y muchos meses de trámites abre en la villa moscona. Tanto el Ayuntamiento de Grado como el Principado (Patrimonio) habían dado el visto bueno necesario a la tramitación de la iniciativa. Fue una denuncia de un particular el que desencadena la situación por la que, quince meses después de abrir, se ve obligado a cerrar por sentencia judicial. 

La denuncia del particular en los tribunales argumentó que el edificio que alberga el gastrobar estaba ubicado en una zona del casco histórico con una protección singular parcial, conforme al catálogo urbanístico del concejo. La disquisición en el pleito tuvo que ver con si la catalogación del inmueble permitía o no esos usos. El Ayuntamiento había dado la licencia y lo hizo con todos los informes favorables en la mano, incluido el de Patrimonio del Principado, con lo que se respaldó la obra para rehabilitar el edificio.

El asunto acabó en el Supremo, tras varios recursos municipales contra sentencias desfavorables que pedían el cierre del local. Y, finalmente, fue lo que se determinó, obligando al Consistorio a ejecutar la orden de clausura. Bernardo Álvarez dijo entonces que llegaría "hasta dónde sea necesario". Y en esas sigue hoy, pendiente de presentar en breve "denuncia contra el Ayuntamiento y el Principado".

El informe del Consejo Consultivo refiere una serie cronológica de los acontecimientos que se dieron en este caso. Es la que sigue:

-Diciembre de 2019: el interesado solicita información al Ayuntamiento de Grado acerca de las condiciones urbanísticas del inmueble, contestándosele el 9 de enero de 2020 que son autorizables las actividades que tenía previsto llevar a cabo, esto es, bar-restaurante y discobar.

-El 21 de enero de 2020 se escritura la compra, por parte del reclamante, del edificio

-El 6 de abril de 2020 se solicita la licencia de obra y el 27 de mayo de 2020 la de actividad, siendo otorgadas ambas el día 3 de febrero de 2021

-El 31 de mayo de 2020 el interesado constituye la sociedad de responsabilidad limitada y unipersonal.

-El 9 de noviembre de 2020 emite informe favorable la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático.

-El 26 de noviembre de 2020 la Comisión Permanente del Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias emite informe favorable.

-El 15 de marzo de 2021 el Ayuntamiento comunica que un vecino había interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Alcaldía por la que se otorgaban las licencias de obra y actividad.

-El 21 de marzo de 2022 una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N.º 6 de Oviedo anula las licencias otorgadas por el Ayuntamiento

-El 15 de julio de 2022 se inaugura el negocio.

-El 29 de noviembre de 2022 el Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias confirma la sentencia recurrida.

-El 13 de octubre de 2023 el Ayuntamiento de Grado comunica la retirada de las licencias, concediendo un plazo de 48 horas para hacer efectivo el cierre del local.

-El 15 de octubre de 2023 cesa la actividad del negocio.

-El 25 de enero de 2024 la sociedad solicita concurso de acreedores.