El juicio por el "caso Trastévere" ya tiene fecha y la defensa del "hostelero crucificado" de Grado reclama más de 1,2 millones

Ya hay fecha para el juicio por el caso "Trástevere", nombre del gastrobar del moscón Bernardo Álvarez, que tuvo que cerrar el negocio pese a tener todas las licencias correspondientes y en regla tras la denuncia de un particular que prosperó en los tribunales. Será este próximo 12 de enero y la defensa Álvarez reclama 1. 225. 406, 88 euros por los daños económicos y de otro tipo que le causó la situación que le obligó a clausurar su local en Grado. Lo sucedido adquirió notoriedad pública tras protagonizar el afectado en octubre de 2023 una representación por el mercado de la villa, portando una gran cruz de madera y simulando después una crucifixión en la plaza General Ponte.

Tras esta iniciativa, que supuso que se le conociera como el "hostelero crucificado" de Grado, el afectado ya había anunciado que "iría hasta el final" en los tribunales y así ha sido, pues el proceso para dilucidar judicialmente las responsabilidades comienza ahora tras otros trámites previos como fue la solicitud del Ayuntamiento de Grado de un dictamen al Consejo Consultivo. Bernardo Álvarez consideró "irrisoria" la cantidad que el Consultivo estimó que debía recibir, 150.000 euros, de los que el Ayuntamiento tendría que pagar el 70 por ciento. La otra Administración implicada por autorizar el negocio en un edificio con un protección singular parcial en el catálogo urbanístico es el Principado, pues el Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias también dio luz verde al proyecto.

El hostelero "crucificado" de Grado: el "vía crucis" del dueño del Trastevere, en imágenes

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El Consultivo reconoció la responsabilidad patrimonial de las Administraciones implicadas, pero no una suma que entendiera correcta la defensa del afectado, que invirtió importantes cantidades para abrir el establecimiento y tuvo que asumir tras el cierre gastos de hipotecas y otros, además de la devolución de la ayuda que había recibido para emprender.

Visto bueno del Ayuntamiento y de Patrimonio

Este caso, del que se ocupa el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Oviedo, se remonta a enero de 2020, cuando Bernardo Álvarez tomó la decisión de iniciar el proyecto de su gastrobar y después de tener todos los permisos abrió en la villa moscona. Tanto el Ayuntamiento de Grado como el Principado (Patrimonio) habían dado el visto bueno necesario a la tramitación de la iniciativa. Fue una denuncia de un particular la que desencadenó la situación por la que, quince meses después de abrir, se vio obligado a cerrar por sentencia judicial. 

La denuncia del particular en los tribunales argumentó que el edificio que alberga el gastrobar estaba ubicado en una zona del casco histórico con una protección singular parcial, conforme al catálogo urbanístico del concejo. La disquisición en el pleito tuvo que ver con si la catalogación del inmueble permitía o no esos usos. El Ayuntamiento había dado la licencia y lo hizo con todos los informes favorables en la mano, incluido el de Patrimonio del Principado, con lo que se respaldó la obra para rehabilitar el edificio.

El cierre, hasta el Supremo

El asunto acabó en el Supremo, tras varios recursos municipales contra sentencias desfavorables que pedían el cierre del local. Y, finalmente, fue lo que se determinó, obligando al Consistorio a ejecutar la orden de clausura. Bernardo Álvarez dijo entonces que llegaría "hasta dónde sea necesario".

El Ayuntamiento de Grado solicitó hace meses un informe del Consejo Consultivo del Principado, que emitió su dictamen estableciendo en 150.000 euros la indemnización a percibir por el hostelero, aunque atribuyó al Consistorio el 70 por ciento de esta suma por responsabilidad patrimonial, es decir 105.000 euros. Consideró el Consultivo que no debía el Consistorio asumir toda la carga puesto que el Principado y, en concreto, Cultura, también intervino en la concesión de licencias al tratarse de un edificio catalogado.

Bernardo Álvarez consideró en su momento estas cantidades fijadas por el Consultivo como "irrisorias" y anunció que seguiría adelante en los tribunales, proceso que se inició con el decreto de admisión a tramite de la demanda por el juzgado ovetense, el pasado julio. Ahora, el juicio ya tiene fecha y este 12 de enero se inicia el camino para determinar responsabilidades y sumas que correspondería abonar al afectado.