El Ayuntamiento de Grado compra el edificio del Trastévere para que acoja el futuro Museo del Traxe

El Ayuntamiento de Grado ha comprado el local del gastrobar Trastévere para que sea la sede del futuro Museo del Traxe'l país. Según ha podido saber este periódico, la operación se concretó este martes ante notario, con la firma de la compra-venta del edificio, en la calle Eduardo Sierra. El inmueble, propiedad de Bernardo Álvarez, conocido como el "hostelero crucificado", pasa a manos del municipio, que paga por él algo más de 340.000 euros. El Consistorio cuenta con una subvención del Principado, concretamente de la consejería de Cultura, por importe de 300.000 euros, que debían ser destinados a hacerse con un inmueble para el citado museo.

Con esta iniciativa de compra, el Ayuntamiento logrará cumplir su aspiración de concentrar en una misma zona, la de la calle Eduardo Sierra, las sedes museísticas del centro de la villa. El inmueble está a escasos metros de la sede Fontela del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, espacio en ampliación que acoge desde hace unos años la muestra Villa ya Mercáu, además de las colecciones sobre cámaras históricas y acordeones. El gobierno local tiene asimismo previsto restaurar el edificio de la antigua pescadería para que sea equipamiento de usos culturales. Todos están en el mismo punto de la capital moscona y a ellos se unirá ahora el futuro Museo del Traxe.

El hostelero "crucificado" de Grado: abre con todas las licencias y le obligan a cerrar tras invertir medio millón de euros

No obstante, esta operación de compra del local del antiguo establecimiento hostelero no paraliza el proceso en los tribunales por el denominado "Caso Trastévere", que sigue en marcha. El local que acogía el gastrobar es propiedad de Álvarez, al margen de la sociedad formada en su momento para impulsar el negocio, que es la que continúa con el procedimiento judicial. El establecimiento hostelero abrió con todas las licencias en regla en julio de 2022 y tuvo que cerrar a los 15 meses tras la denuncia de un particular que prosperó en los tribunales, que ordenaron la clausura del local.

La denuncia del particular sostenía que el negocio se ubicaba en un inmueble catalogado en el que no cabían los usos que se le habían dado. Obligado a cerrar, Álvarez protagonizó en Grado la simulación de una crucifixión para denunciar su caso. Tras acudir al juzgado, el fallo fue condenatorio para la Administración: tanto para el Ayuntamiento como para el Principado, pues Patrimonio también autorizó permisos para la puesta en marcha del establecimiento. La sentencia obligaba a pagar al hostelero 330.346,89 euros en concepto de responsabilidad patrimonial y 15.000 por daños morales.

El hostelero, que solicitaba una indemnización de más de un millón de euros en su demanda, ha recurrido, al igual que han hecho también las dos administraciones implicadas, la local y la autonómica.

El gobierno municipal ha convocado una rueda de prensa para hoy, miércoles, en los que previsiblemente dará a conocer los términos de esta iniciativa. La resolución que la autorizó se dictó ya el día 7 de abril. En ella se explicita la petición de elevar el acuerdo de compra a escritura pública, algo que sucedió este martes con la firma de la venta en una notaría.

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