"Damos una solución política a un problema técnico y jurídico", dice el gobierno moscón tras la compra del Trástevere para sede del Museo del Traxe

"A un problema técnico y jurídico le dimos una solución política". Estas palabras son parte de la intervención con la que el alcalde de Grado, José Luis Trabanco (IU), explicó este miércoles los pormenores de la adquisición del local del gastrobar "Trastévere" por parte del Ayuntamiento. Tal y como adelantó LA NUEVA ESPAÑA de Grado, el inmueble será la sede del futuro Museo del Traxe y la compra se firmó este martes ante notario. El propietario del inmueble, Bernardo Álvarez, conocido como "el hostelero crucificado", lo ha vendido por algo más de 340.000 euros. El Consistorio cuenta con 300.000 euros que el Principado le concedió a través de un reciente convenio para este fin, con lo que, finalmente, pondrá uno 40.000 euros de fondos municipales para la adquisición.

El regidor compareció acompañado de prácticamente todo su equipo de gobierno, a excepción de dos de sus miembros ausentes por cuestiones laborales, dada la importancia del asunto. Quiso dejar claros todos los detalles del denominado "Caso Trastévere", cuál ha sido el proceder del gobierno local en todo el proceso, en el que cualquier decisión, subrayó, se tomó siempre en la línea de lo que dictaron los informes técnicos.

No haber concedido las licencias de apertura al gastrobar Trastévere teniendo todos los informes favorables e incluso el visto bueno del Consejo de Patrimonio del Principado, hubiese sido prevaricar, sostuvo. Lamentó el uso político que se ha querido hacer de este asunto y defendió que el gobierno local resuelve el problema en este mandato para que la próxima Coporación no tenga que asumir ningún coste para las arcas municipales por el proceso judicial.

"No dar licencia hubiera sido prevaricar"

Trabanco relató cronológicamente cómo se gestionó este caso. "Esto comienza en abril del 2020, cuando se solicita una licencia de obras para reforma y adecuación del local de edificio para gastrobar. Posteriormente se presenta un modificado, en agosto de ese mismo año. Se solicita el informe de la Consejería de Cultura y, tras la subsanación de deficiencias, se informa favorablemente por el Consejo de Patrimonio Cultural de Asturias, con fecha 26 de noviembre de 2020. La arquitecta municipal emite informe favorable con fecha 27 de enero del 2021. También la Asesoría Jurídica emite informe favorable un mes más tarde, en febrero del 2021. En ese momento, con todos los informes favorables, es cuando desde la Alcaldía se concede la licencia, porque lo contrario sería prevaricar", señaló el regidor.

El Alcalde se preguntó qué hubiera hecho el promotor, el hostelero, "si la Alcaldía no le concediera la licencia con todos los informes favorables". "Está claro que llevarlo al juzgado, además con toda la razón", añadió Trabanco, que recordó que se trataba de una iniciativa privada "que además acondicionaba un edificio en muy mal estado y mejoraba considerablemente todo el entorno".

El problema que surgió a posteriori fue que un particular presentó una denuncia argumentando que el local del gastrobar Trastévere se ubicaba en zona con protección que no permitiría esos usos, según el catálogo urbanístico "aprobado en un pleno el 25 de septiembre del 2009, con los votos favorables del PP y AIGRAS, la abstención del PSOE y los votos en contra de Izquierda Unida", señaló Trabanco.

La denuncia prosperó en los tribunales y, pese a los sucesivos recursos presentados, el negocio tuvo que clausurarse por orden judicial. El establecimiento se había inaugurado, con todas las licencias en regla en julio de 2022, y tuvo que cerrar 15 meses después. La situación a la que se vio expuesto tras cumplir con todo lo que le habían reclamado las administraciones para abrir, hizo que el hostelero, Bernardo Álvarez, simulara una crucifixión en la plaza moscona para dar a conocer el caso.

El coste económico

Ahora ha podido vender el local al Ayuntamiento, pues se trata de una propiedad personal, al margen de la sociedad creada para poner en marcha el negocio, que es la que sigue con el proceso en los tribunales. El primer fallo judicial condenó al Ayuntamiento moscón y al Principado de Asturias a abonar 330.346,89 euros en concepto de responsabilidad patrimonial por este caso y 15.000 por daños morales al hostelero. De esta suma, se determinaba que el municipio tenía que pagar el 70 por ciento y el Principado el 30 restante. Esta sentencia ha sido recurrida por las tres partes implicadas y se espera que haya un veredicto a primeros del año que viene.

En tanto, el gobierno municipal también quiso que quedara clara la gestión de este asunto en cuanto a lo económico. El local del Trastévere que va a ser destinado a Museo del Traxe "fue valorado por el arquitecto municipal en 340.196,13 euros", pero al contar con la subvención del Principado, de 300.000 euros, para adquirir un edificio destinado a este fin, el Ayuntamiento pone en realidad los 40.196 restantes.

El gobierno local señaló además que ya ha abonado la suma que en su momento estimó el Consejo Consultivo, a quien se le pidió en un primer momento, antes de llegar a los tribunales, un dictamen sobre el caso. El Consultivo estimó en 150.000 euros los daños causados al hostelero, estableciendo "la responsabilidad del Ayuntamiento en un 70 por ciento de ese perjuicio global", por lo que declaró que el Consistorio debía indemnizar al reclamante en la cuantía de 105.000 euros. Esta última suma es la que ya ha librado el Ayuntamiento.

Con estos datos, los responsables municipales mosscones hacen el siguiente cálculo: "Tenemos un edificio (el del Trastévere), que fue valorado por el arquitecto municipal en 340.196,13 euros, pero a fecha de hoy al Ayuntamiento le ha costado 145.196 euros: los 105.000 que ya hemos pagado y los 40.196 que ponemos sobre la subvención para la compra (los 300.000 euros aportados por el Principado). Es decir, que a fecha de hoy, repito, un local que está valorado por los servicios del Ayuntamiento en 340.196,13 euros, al Ayuntamiento le costó 145.000. Esa es la realidad", indicó el regidor, que considera que la operación de compra venta del local es buena tanto para el Ayuntamiento como para el hostelero.

El proceso en los tribunales

Ahora resta saber el resultado del proceso en los tribunales y en cuánto se estima la indemnización que deba recibir el hostelero. Falta saber si ratificará los 345.000 euros del primer fallo, si se considera que debe ser más, menos, o si mantiene el criterio del dictamen del Consejo Consultivo.

A la espera de ese nuevo fallo, que podría estar para inicios del año que viene, el gobierno local prevé consignar alguna cantidad en el presupuesto municipal de 2027 para asumir lo que determine la sentencia si fuera el caso, incidiendo así en su propósito de no hipotecar a la próxima Corporación.

El regidor defendió la gestión municipal y destacó que "a diferencia de otros casos, nosotros nos empeñamos en dejarlo solucionado en esta legislatura y que no sean futuros gobiernos municipales quienes lo tengan que asumir, lo que supone una importante diferencia de gestión política", indicó.

"Nunca fue otro 'Caso Carreño"

En este sentido, mencionó el llamado "Caso Carreño", antiguo litigio con un constructor por un desarrollo en la zona de La Podada. "Muchas veces tuvimos que aguantar barbaridades, se ha llegado a llamar a este caso el otro 'Caso Carreño', cuando nada tiene que ver. Desde el equipo del gobierno siempre buscamos soluciones y hemos querido darle a esto ya un cierre dentro de este mandato. El grupo municipal de Izquierda Unida, cuando llegó, sí que tuvo que asumir el 'Caso Carreño', hacer un pago de 700.000 euros de una gestión anterior del Partido Popular en un momento muy complicado de la situación económica, cuando el Ayuntamiento debía casi siete millones de euros heredados de las corporaciones anteriores del gobierno del PP. Por eso nos dolía tanto que se comparara con ello, cuando nada tiene que ver con la realidad ", aseveró el regidor.

Con Trabanco comparecieron los ediles de gobierno Chema González Beovidez, Cristina Coalla, Lorena Cabo y María José Miranda. Esta última valoró también la situación como coordinadora de IU de Grado. "Desde la organización local y también desde la autonómica, quiero aprovechar este día, que no deja de ser en cierta medida histórico para el Ayuntamiento moscón, para poner en valor la capacidad de este grupo municipal, del Alcalde, y dejar de manifiesto que otra forma de gobernar es posible. Este equipo de gobierno no compromete a corporaciones municipales futuras", señaló.

Aval de IU a la gestión municipal

Avaló además la gestión del regidor. "Políticamente, un alcalde no puede hacer otra cosa que no sea avalar los informes técnicos que así le ponen delante sus técnicos, y por eso se dio licencia a esta obra. Creo que este paso, la firma ante notaría de la compra, repito, pone en valor que otra forma de hacer política y de gobernar es posible, y que no se compromete a corporaciones futuras, como sí pasó con el 'Caso Carreño'", abundó.

Miranda quiso también subrayar que "las negociaciones presupuestarias entre las dos fuerzas políticas que sustentan al gobierno a nivel autonómico también dan su fruto cuando hay trabajo, cuando hay constancia y cuando los proyectos están claros".

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