El PP de Grado, sobre la compra del Trastévere: "Se traslada a los vecinos las consecuencias políticas de la mala gestión de IU"

El PP de Grado crítica la adquisión del antiguo edificio del gastrobar Trastévere por parte del Ayuntamiento, que lo va a destinar a sede del futuro Museo del Traxe'l País. Los populares se muestran contrarios a esta operación municipal al considerar que "no responde a una planificación cultural ni a una demanda real de los vecinos, sino al intento de dar salida a un problema generado por decisiones del propio equipo de gobierno de IU", señaló el edil José Ramón González.

El edificio, situado en la calle Eduardo Sierra y que era propiedad de Bernardo Álvarez, conocido como el "hostelero crucificado", ha sido adquirido por el Consistorio por algo más de 340.000 euros. Para la compra, el Ayuntamiento cuenta con una subvención del Principado, por importe de 300.000 euros, que solo podía dedicarse a la adquisición de un inmueble para albergar el nuevo equipamiento museístico que se prevé que pueda abrir al público ya a finales de este año.

La polémica en este asunto viene derivada del llamado "Caso Trastévere", el del gastrobar del mismo nombre que abrió con todas las licencias en regla en julio de 2022 y tuvo que cerrar a los 15 meses tras la denuncia de un particular que prosperó en los tribunales, que ordenaron la clausura del local. El requerimiento judicial sostenía que el negocio se ubicaba en un inmueble catalogado en el que no cabían los usos que se le habían dado.

Obligado a cerrar, Álvarez protagonizó en Grado la simulación de una crucifixión para denunciar su caso. Tras acudir al juzgado, el fallo fue condenatorio para la Administración: tanto para el Ayuntamiento como para el Principado, pues Patrimonio también autorizó permisos para la puesta en marcha del establecimiento. La sentencia obligaba a pagar al hostelero 330.346,89 euros en concepto de responsabilidad patrimonial y 15.000 por daños morales. El proceso judicial sigue en los tribunales, pues el fallo ha sido recurrido por todas las partes.

La compra del inmueble para sede del museo tampoco lo paraliza, pues se trata de dos asuntos independientes: el local era una propiedad privada del hostelero y es la sociedad que se creó para abrir el negocio la que continúa con el proceso judicial.

Error político

"No estamos ante un error técnico ni ante una situación sobrevenida. Estamos ante una decisión política", apostilló González, quien señala que como consecuencia de esa decisión municipal se "provocó un grave perjuicio personal y económico al empresario afectado y derivó en una condena a la Administración". Por ello consideran que la compra del edificio del Trastévere "supone trasladar a todos los vecinos las consecuencias económicas de la mala gestión política de Izquierda Unida".

En este sentido, desde el PP ponen el foco de atención en las declaraciones del alcalde, José Luis Trabanco, quien calificó la operación como "una solución política a un problema técnico y jurídico". "Si la solución es política, el problema también lo es. Y, por tanto, también lo es la responsabilidad", subraya.

Los populares aseguran que no cuestionan la cultura ni la posible creación de un museo, sino el marco en el que se adopta esta decisión: "Se ha sustituido un negocio que generaba actividad económica y empleo por un proyecto que responde más a la voluntad de justificar una compra que a las verdaderas necesidades de los vecinos".

Por ello, el Partido Popular de Grado entiende que la compra del edificio del Trastévere como futuro Museo del Traxe refleja un modelo de gestión en el que "se adoptan decisiones sin asumir sus consecuencias y en el que los errores de Izquierda Unida acaban siendo trasladados al conjunto de la ciudadanía".

Así, el PP estima que "la responsabilidad debe recaer en quien toma las decisiones, no pueden ser los vecinos de Grado quienes asuman las consecuencias de decisiones políticas equivocadas", concluye González, quien estuvo acompañado por el presidente del PP de Grado, José González, y los militantes Antonio Abel Fernández Álvarez "Sama", Iván García Arias, Cristina García Coto, María López Fernández y Antonio Nieto.