Amnistía reclama a los gobiernos que rompan su secretismo sobre las cifras de ejecuciones

Al menos 1.252 personas fueron ejecutadas en 2007, un 88 por ciento de ellas en China, Irán, Arabia Saudí, Pakistán y Estados Unidos, reveló ayer Amnistía Internacional (AI), que pidió a los gobiernos que pongan fin al secretismo que rodea las cifras reales de penas de muerte.

La organización expresó su «honda preocupación» por que muchas más personas hayan sido ejecutadas por el Estado «en secreto» en diversos países, entre ellos China, Mongolia y Vietnam.

El informe «Penas de muerte y ejecuciones en 2007» pone de manifiesto que las 1.252 ejecuciones registradas por AI se llevaron a cabo en 24 países, mientras que al menos 3.347 personas fueron sentenciadas a muerte en 51 naciones, más de la mitad de ellas en China. Según estima la organización, hasta 27.500 personas pueden estar en corredores de la muerte en todo el mundo.

Aunque el número total de ejecuciones de las que tuvo constancia AI descendió en 2007 con respecto al año anterior, cuando se perpetraron al menos 1.591 ejecuciones a muerte en 25 países, la organización ha evidenciado un incremento en varias naciones. Irán ejecutó al menos a 317 personas, Arabia Saudí a 143 y Pakistán a 135, frente a las 177, 39 y 82 en 2006.

Arabia Saudí ostenta el triste récord del mayor número de ejecuciones per cápita, seguido por Irán y Libia, mientras que China volvió a encabezar en 2007 la lista de países con mayor número absoluto de ejecuciones, con las 470 que pudo confirmar AI, que teme que la cifra real sea «indudablemente mucho más alta».

China, que alberga este año los Juegos Olímpicos, clasifica la pena de muerte como «un secreto de Estado», subrayó AI, que puso de manifiesto que sólo las autoridades de Pekín saben exactamente cuántas personas han sido ejecutadas con autorización del Estado.

«El uso reservado de la pena de muerte debe concluir: el secretismo que rodea la pena de muerte debe eliminarse. Muchos gobiernos aseguran que las ejecuciones se llevan a cabo con el apoyo de la población. La gente entonces tiene derecho a saber qué se está haciendo en su nombre», indicó la organización.

AI destacó cómo durante el año pasado muchos países aplicaron la pena de muerte para delitos que comúnmente no están considerados penales o tras procesos injustos. Por ejemplo, en julio, Ja'far Kiani, padre de dos hijos, fue lapidado hasta la muerte por adulterio en Irán, mientras que en noviembre el egipcio Mustafa Ibrahim fue decapitado en Arabia Saudí por practicar la brujería.