08 de mayo de 2008
08.05.2008
 

Exigencias de mayor dureza impiden a la UE lograr un acuerdo sobre inmigración

Alemania, Francia e Italia encabezan el grupo de los duros frente a España

08.05.2008 | 02:00

Bruselas


La Unión Europea no pudo cerrar ayer un acuerdo sobre repatriación de inmigrantes irregulares debido a las exigencias de varios estados miembros, partidarios de medidas más estrictas.


Once de los 27 países comunitarios rechazaron el texto acordado por la presidencia eslovena con representantes del Parlamento Europeo y, de ellos, diez lo hicieron porque querían endurecer algunas de las medidas del proyecto de directiva.


Las diferencias constatadas en la reunión de representantes permanentes de los 27 se suman a las que dividen al Parlamento Europeo, que debe aprobar la medida en codecisión.


Alemania, Francia e Italia formaron parte del grupo de países opuestos a los términos actuales del proyecto, lo que hizo imposible sumar la mayoría cualificada necesaria para sacar adelante el compromiso, apoyado por países como España.


El proyecto de directiva establece, en su versión actual, un período máximo de retención de seis meses, ampliables a 18 meses en casos excepcionales, para los inmigrantes sin papeles. Alemania basó su rechazo en el alto coste que supondría la obligación de dar asistencia jurídica a los retenidos, algo a lo que se unieron Austria y Grecia.


Francia exigió medidas más estrictas respecto al período de salida voluntaria de menores, mientras que Italia, República Checa y Hungría buscaron aumentar el período para el retorno voluntario en el caso de los mayores de edad.


Ante las fuertes diferencias manifestadas en el debate, la presidencia eslovena señaló que estudiará cómo intentar avanzar en esta directiva, que está en discusión desde hace casi tres años. Los embajadores podrían volver a debatir el texto en su reunión de la próxima semana, indicaron fuentes diplomáticas, pero otras fuentes comunitarias apuntaron que «no hay tiempo» para lograr avances en una semana.


Esta directiva es la primera sobre inmigración que podrá aprobarse por el procedimiento de codecisión entre el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo, cuyo Pleno también debe ratificar el texto final, previsiblemente en junio. Tanto si el Consejo como el PE introducen cambios en el texto acordado deberán negociarlos posteriormente.

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