Madrid / Bogotá

El Gobierno español está dispuesto a prestar «algún tipo de colaboración» para el control de la frontera entre Ecuador y Colombia, donde hay presencia de la guerrilla de las FARC, si ambos países acuerdan establecer un mecanismo de vigilancia de los límites fronterizos, informó ayer la secretaria de Estado para Iberoamérica, Trinidad Jiménez.

Jiménez respondió así a la intención del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, de proponer a la UE que despliegue una fuerza internacional en esa zona fronteriza. Lima acoge mañana y el viernes la V Cumbre UE-América Latina y Caribe, en la que la secretaria de Estado confirmó que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mantendrá un encuentro con el presidente venezolano, Hugo Chávez, para «normalizar» las relaciones entre ambos países, que quedaron seriamente tocadas el pasado noviembre tras el altercado entre Chávez y el Rey.

Mientras, el Gobierno colombiano anunció que ayer entregó en extradición a Estados Unidos a 14 ex jefes paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso, que lideró la principal organización armada de la ultraderecha. El ministro del Interior y Justicia, Carlos Holguín, dijo que todos los extraditados «ya están volando» hacia EE UU.

La Policía explicó que, además de Mancuso, en el grupo de extraditados están Rodrigo Tovar Pupo, Diego Fernando Murillo, Ramiro Vanoy, Hernán Giraldo Serna, Francisco Javier Zuluaga y Guillero Pérez Alzate.

Los 14 ex mandos de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) afrontaban peticiones de extradición de varios tribunales de Estados Unidos por cargos como narcotráfico, lavado de activos y financiación del terrorismo.

El presidente colombiano, Álvaro Uribe, justificó la extradición de los antiguos jefes paramilitares acusándolos de no cumplir los compromisos que habían asumido en el proceso de paz. Algunos, dijo, habían reincidido en actividades criminales, otros no cooperaban con la justicia y todos incumplían con la indemnización a las víctimas.

Según un sondeo divulgado por la radio RCN, la imagen positiva de Uribe subió de un 71,31 por ciento en enero al 82,79 por ciento este mes. Uribe, elegido por primera vez en 2002 y reelegido en 2006 para otros cuatro años, ha logrado mantener índices atípicos de popularidad en la historia del país, principalmente debido a su política de seguridad.

Sin embargo, la decisión del mandatario de extraditar a los ex jefes paramilitares cosechó ayer duras críticas. Claudia López, la principal investigadora del escándalo de la «parapolítica», dijo que el procedimiento judicial que investiga los vínculos de políticos colombianos con paramilitares se ha quedado sin testigos.

Ese escándalo es investigado por la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que ha procesado o investiga a 63 congresistas, la mayoría de ellos afines a Uribe y la mitad de ellos ya detenida. Muchos de los 14 extraditados, que estaban en distintas cárceles, eran citados con frecuencia por la Corte Suprema para que ofrecieran sus testimonios en los procesos que se siguen contra los implicados. Para López, además, la entrega masiva también significa «el fin de la negociación» del Ejecutivo con las AUC, disueltas a mediados de 2006 tras el desarme de más de 31.000 paramilitares.