Lima / Madrid
El embajador de Italia en España, Pasquale Terracciano, pidió ayer explicaciones al secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, después de que la vicepresidenta Fernández de la Vega acusara al Gobierno de Silvio Berlusconi de «actuaciones que pueden exaltar y exaltan la violencia, el racismo y la xenofobia».
De la Vega aludía así a los ataques de esta semana contra campamentos en Italia de gitanos rumanos y al decreto sobre inmigración que aprobará el Ejecutivo de Roma la próxima semana. España «no comparte la política de expulsiones sin respeto a la ley y a los derechos», sentenció la Vicepresidenta.
Las palabras de María Teresa de la Vega cobraron inmediata amplitud en Italia, donde partidos aliados de Berlusconi hablaron de «injerencia inaceptable», y en España, donde el PP exigió al presidente Zapatero que rectificara las palabras de la Vicepresidenta «para evitar una tensión innecesaria».
Fuentes de la delegación italiana en la Cumbre UE-América latina de Lima indicaron que, tras las explicaciones de López Garrido, Italia se dio por satisfecha. Según las fuentes, el secretario de Estado distinguió dos elementos en las declaraciones de la Vicepresidenta.
Por un lado, afirmó que la De la Vega quiso condenar los últimos episodios de violencia contra inmigrantes en Nápoles, algo en lo que coincide con el Ejecutivo italiano. Napolitanos intentaron desalojar esta semana por la fuerza un poblado de gitanos rumanos y acabaron quemando sus casas. El ministro del Interior italiano, Roberto Maroni, calificó ayer de «injustificables» estos actos de violencia e insistió en que el Estado dará todo el apoyo para garantizar la seguridad en el país.
En la misma línea, responsables de la Iglesia católica italiana han manifestado que «hay que parar los extremismos» contra los inmigrantes y han advertido de que se puede caer en el racismo. «Es necesario neutralizar los extremismos, que no pueden dictar leyes a nadie y no pueden ser considerados como la realidad total de un pueblo», afirmó el presidente de la Conferencia Episcopal italiana, el cardenal Angelo Bagnasco, en una entrevista publicada ayer por el diario «La Repubblica» sobre la crisis desatada por la quema de asentamientos.
El segundo elemento distinguido por López Garrido fue, según las mismas fuentes, que De la Vega hizo unas «consideraciones» sobre la política de inmigración «con carácter general», «sin intención de criticar el paquete legislativo que el Gobierno italiano está discutiendo». Las fuentes precisaron que el ministro italiano de Exteriores, Franco Frattini, mantuvo una breve conversación en Lima con el presidente Zapatero en la que se saludaron e intercambiaron algunas palabras sobre lo que Roma ha calificado finalmente de «malentendido».
Mientras, el portavoz de la Comisión Europea, Pietro Petrucci, admitió que ésta sigue «con mucha atención» la situación de la comunidad gitana en Italia, pero matizó que «no puede hacer nada» de momento. Petrucci recordó que las expulsiones de personas en situación irregular «sólo pueden ser tomadas caso a caso», y admitió que por el momento Italia no ha violado esta norma, ya que no ha dictado una ley de expulsión de toda una etnia o comunidad.
