Buenos Aires / Oviedo
Un tribunal de Buenos Aires condenó ayer a 25 años de prisión al ex dictador argentino Reynaldo Bignone, de 82 años, último presidente de la dictadura militar (1976-1983) por delitos de lesa humanidad cometidos en el mayor centro clandestino de detención del régimen golpista. El ex general, que gobernó entre 1982 y 1983, ha sido acusado del secuestro, tortura y muerte de 56 personas.
El tribunal, informa Efe, dictó idénticas penas para los ex generales Santiago Omar Riveros y Fernando Verplaetsen, y sentenció a 20 años al ex militar Carlos Tepedino. También condenó a los militares expulsados Jorge García y Eugenio Guañabens Perelló a 18 y 17 años de prisión, respectivamente, y absolvió al ex policía Germán Montenegro.
En una resolución aplaudida por familiares de las víctimas de la dictadura que presenciaron su lectura, el tribunal ordenó además que se revoque la prisión domiciliaria que hasta ayer cumplían Bignone, Tepedino y Guañabens Perelló, quienes deberán ser conducidos a una cárcel común.
«Estamos felices por las condenas y la decisión de internarlos en una cárcel común, por los 30.000 desaparecidos, por las madres, las abuelas, los hijos, por el pueblo argentino», afirmó Estela de Carlotto, de la asociación de Abuelas de Plaza de Mayo. En la misma línea se pronunció el secretario de Derechos Humanos del país, Eduardo Luis Duhalde, para quien la sentencia es «justa, acorde con los hechos probados».
El juicio comenzó el pasado noviembre por los delitos de allanamientos ilegales, privaciones de la libertad e imposición de tormentos en perjuicio de las 56 víctimas en la guarnición militar de Campo de Mayo, en las afueras de Buenos Aires, considerada la mayor cárcel clandestina de la dictadura porque albergaba cuatro centros de tortura y una maternidad.
Tanto la Fiscalía como la mayor parte de los querellantes, entre ellos la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina, habían solicitado 25 años de cárcel para Bignone, Riveros, García, Verplaetsen y Tepedino, y penas menores para los otros dos acusados.
En este proceso sólo se han juzgado delitos contra 56 víctimas de Campo de Mayo, una mínima porción de las más de 5.000 que, según los organismos de derechos humanos, pasaron por ese campo de concentración, en el que hubo muy pocos sobrevivientes.
Bignone, de 82 años, afirmó en su testimonio final ante los jueces que en Argentina se desarrolló una «guerra irregular» en la que las Fuerzas Armadas «tuvieron que intervenir para derrotar al terrorismo». El ex dictador, para quien las víctimas de la represión «ni eran tan jóvenes ni tan idealistas», recurrió a una cita del fallecido presidente Juan Domingo Perón -fundador del justicialismo- para justificar la represión y cuestionó las cifras de víctimas de la dictadura.
Bignone dijo que, frente a los 30.000 desaparecidos y 500 bebés apropiados denunciados, no está demostrado que hubiera más de 8.000 desaparecidos y unos 30 niños robados. Bignone fue designado presidente el 1 de julio de 1982 en sustitución de Leopoldo Galtieri, después de la derrota argentina en la guerra con el Reino Unido por la soberanía de las islas Malvinas.
En su corta gestión, el dictador negoció la transición hacia la democracia, ordenó destruir todas las pruebas de la represión ilegal y dictó una ley de Pacificación Nacional para beneficiar a los miembros de las Fuerzas Armadas, norma posteriormente anulada por el Gobierno constitucional al considerarla una «autoamnistía». Ya en democracia, y tras varias entradas y salidas de la cárcel por delitos de lesa humanidad, Bignone fue detenido en 2007 por orden del tribunal que le condenó ayer, aunque gozó del beneficio del arresto domiciliario, que ha perdido ahora.
