La Paz / Oviedo, Agencias

Evo Morales decretó ayer la nacionalización del 80 por ciento de la capacidad eléctrica de Bolivia. Las tres compañías afectadas son Corani (subsidiaria de la francesa GDF Suez), Guaracachi (de la británica Ruelec PLC), y Valle Hermoso (perteneciente al consorcio Bolivian Generating Group en un 50 por ciento, mientras que el resto de las acciones están administradas entre la financiera suiza Zurich y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria).

«Estamos cumpliendo con el pedido clamoroso del pueblo de recuperar y nacionalizar los recursos naturales y los servicios básicos, que antes eran del Estado», aseguró Morales tras firmar los decretos de nacionalización. «Los servicios básicos no pueden ser de negocio privado, sino de servicio público», agregó el presidente.

El mandatario, que ha prometido compensar a los inversores , tiene proyectado conseguir la nacionalización de la totalidad de la capacidad eléctrica del país. «Es obligación del Estado compensar a los inversores por sus bienes (...). Hicimos un esfuerzo por llegar a un acuerdo con las multinacionales, pero éstas no estaban dispuestas a llegar a un acuerdo», dijo Morales, quien un día antes firmó con el venezolano, Hugo Chávez, un acuerdo para el establecimiento de empresas entre ambos países, que consideran la antítesis de las multinacionales, con el objetivo de otorgar el poder económico a las clases populares.

«Sustituir a las grandes transnacionales con empresas binacionales ll, es instrumento económico de liberación frente a los instrumentos económicos de opresión, de sometimiento y de saqueo que especialmente eran las transnacionales», afirmó Morales

Con la intervención de estas cuatro empresas eléctricas Evo Morales ha nacionalizado una docena de compañías desde que llegó al poder en enero del 2006, prácticamente todas ellas coincidiendo con el Día del Trabajo.

Mientras, Cuba tendrá que despedir a partir de ahora un millón de empleados estatales para evitar que el Estado entre en bancarrota de un país en el cuatro millones trabajadores, de los cinco millones que tiene la isla, están encuadrados en la administración o en empresas públicas.

Nadie sabe cómo hará el régimen para reactivar la actividad privada que fue abolida en 1968 afrontar un problema de dimensiones descomunales y sobre cuya gravedad el mismísimo Raúl Castro alertó hace un mes. El régimen está pensando en traspasar sectores enteros de la economía a las cooperativas y las pequeñas y medianas empresas.

El sindicato único exhortó ayer a los cubanos a apoyar el «reordenamiento laboral» y advirtió que serán necesarios «extraordinarios esfuerzos y sacrificios» porque no se puede seguir con los subsidios.