En el documento, los jefes de Estado o de Gobierno solicitan además al Ejecutivo de Bruselas y a los ministros que apliquen "estrictamente" las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que fija el límite del 3 por ciento del PIB para el déficit público.
Barroso no quiso dar ningún detalle ni sobre cómo funcionará el mecanismo de estabilización ni sobre el montante de fondos que podría movilizar.
Entre las medidas que se barajan figura la prohibición de las ventas en descubierto, que los especuladores utilizan para sacar provecho de la bajada provocada en el precio de un activo; forzar a los bancos a no deshacerse de la deuda soberana; o incluso autorizar al BCE a comprar en el mercado secundario las obligaciones o bonos sujetos a mayor tensión.
Barroso dejó claro que los europeos van a usar "todos los instrumentos", pero que se hará dentro del marco presupuestario actual y con respeto a la independencia del Banco Central Europeo.
El presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, siempre se ha opuesto a la estrategia de compra de deuda, por el riesgo que representa para el control de la inflación y la erosión que puede ocasionar en su independencia.
La declaración del Eurogrupo también registra el acuerdo de "reforzar la gobernanza de la zona euro".
Ello significará, primero, "prestar más atención a los niveles de deuda y a la evolución de la competitividad" y no sólo al déficit.
Implicará, segundo, reforzar las reglas de vigilancia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, e introducir en él "sanciones más efectivas".
Y tercero, supondrá crear "un marco robusto para la gestión de crisis", dentro del respeto del principio de que cada país es responsable de su propio presupuesto.
El próximo miércoles la Comisión hará propuestas encaminadas a mejorar las reglas de gobernanza económica, con vistas a "rellenar los huecos" que deja la legislación actual, según Barroso.
Por último, el Eurogrupo constató que las actuales turbulencias prueban la necesidad de avanzar rápidamente en la regulación y supervisión de los mercados financieros, especialmente en lo que atañe a los derivados financieros y al papel de las agencias de calificación de riesgos.
"Debe acelerarse el trabajo de evaluación en torno a si es necesario dar más pasos en relación con la especulación reciente contra la deuda soberana", concluye el documento.
