Washington, Agencias

Jennifer Robinson, abogada de Julian Assange, consideró ayer inminente la presentación en EE UU de cargos contra él por espionaje. Sin embargo, Robinson subrayó que el fundador de Wikileaks «tiene derecho a la protección que ofrece la Primera Enmienda» de la Constitución norteamericana.

La Primera Enmienda defiende la libertad de prensa, expresión y religión, así como el derecho de reunión, así que, según Robinson, aplicar la ley de Espionaje a Assange, sería «inconstitucional» y pondría en riesgo a todas las organizaciones de medios en EE UU.

Assange esta detenido en Londres a la espera de ser extraditado a Suecia por presuntos delitos de agresión sexual. Pero el diario británico «The Independent» señaló el jueves que las autoridades suecas negocian con Washington la posible extradición de Assange a EE UU una vez se halle en territorio sueco.

El Departamento de Justicia de EE UU no se ha pronunciado sobre los posible cargos contra Assange, aunque esta semana el fiscal general, Eric Holder, señaló que la publicación de los cables había puesto en riesgo al país y dijo que había autorizado la apertura de una investigación criminal contra él.

Assange fue aislado el jueves del resto de los presos de la cárcel de Wandsworth, entre los que ha suscitado un gran interés. Las autoridades penitenciarias estudian la posibilidad de permitirle usar un ordenador, aunque con acceso restringido a Internet, y sólo para que pueda trabajar en su propio caso, informó el diario «The Guardian».

A diferencia del resto de los presos, Assange puede usar su teléfono móvil durante una hora al día para poder coordinar la asistencia consular que el ministro de Exteriores de Australia, Kevin Rudd, prometió que le proporcionaría su Gobierno.

«Está muy animado, parece que está resistiendo», dijo Mark Stephens, uno de sus abogados.

Por su parte, Amnistía Internacional anunció que vigilará «estrechamente» el procesamiento abierto en Suecia contra Assange, y advirtió de que cualquier procedimiento que emprendan los estados contra «personas privadas» por difundir informaciones relativas a Derechos Humanos podría ser «incompatible con la libertad de expresión».