El Cairo / Madrid,
M. VILLÉN / E. P.
Ante la escalada de la violencia en Siria y el fracaso de la anterior misión de observadores, la Liga Árabe acordó ayer dar un paso más y pedir la formación de una fuerza de paz conjunta con la ONU. Los jefes de la diplomacia árabe decidieron solicitar una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para crear una misión integrada por miembros de ese organismo y de la Liga Árabe, que compruebe sobre el terreno el alto el fuego en Siria.
Con esta decisión, adoptada en una reunión extraordinaria en El Cairo, concluye también la anterior misión de observadores árabes, cuyo trabajo fue suspendido el pasado 28 de enero por el deterioro de la situación en Siria y cuyo jefe, el general sudanés Ahmed Mustafa al Dabi, dimitió este domingo.
La Liga Árabe siempre había defendido la búsqueda de una solución árabe al conflicto sirio y tomó desde el principio la iniciativa con sanciones y pasos como presentar ante el Consejo de Seguridad un plan para Siria, que estipulaba la salida del poder del presidente, Bachar al Asad.
Después de que Rusia y China vetaran una resolución de apoyo al citado plan, las propuestas para salvar este bloqueo se han intensificado. En este sentido, los ministros de Exteriores árabes decidieron celebrar una conferencia internacional de «Amigos de Siria» en Túnez el próximo 24 de febrero.
Antes de esa conferencia, la Liga Árabe mantendrá un «diálogo serio» con la oposición siria, con quien convino «abrir canales de comunicación».
Sin expresar su reconocimiento explícito al Consejo Nacional Sirio (CNS), que agrupa a la mayoría de la oposición en el exilio, la organización se comprometió a «facilitar todas las formas de apoyo político y financiero» a los opositores sirios.
La organización panárabe también acordó aumentar la presión contra Damasco con la suspensión de «todas las formas de colaboración diplomática con los representantes del régimen sirio en los distintos países, entidades y conferencias internacionales».
Otra de las medidas adoptadas es intensificar la aplicación de las sanciones económicas y la suspensión de los tratos comerciales, excluyendo los que afectan directamente a los ciudadanos.
La violencia y la represión del régimen de Bachar al Asad ha causado la muerte de más de 5.000 personas desde el inicio de la revuelta el pasado marzo, según la ONU, aunque los opositores elevan esa cifra a más de 7.000.
En concreto los comités de coordinación local denunciaron el sábado la muerte de 687 personas -59 de ellos niños- a lo largo de la última semana.
La resolución fue rechazada de plano y de inmediato por Siria a través de su representante ante la Liga, Yusef Ahmed, quien acusó a algunos de los miembros de «hostilidad», en especial Qatar y Arabia Saudí, y de financiar a los grupos terroristas que actúan en el país.
