Los seis agentes de la Policía de Baltimore sospechosos de la muerte del joven negro Freddie Gray, de 25 años, serán procesados por homicidio, anunció ayer la fiscal general del estado de Maryland, Marilyn Mosby, quien precisó que Gray fue arrestado "ilegalmente" y que no había cometido delito alguno. El anuncio de Mosby fue seguido de unas declaraciones del presidente Obama en las que afirmó que es "absolutamente vital que se sepa la verdad" sobre la muerte de Gray y que se haga justicia.
La investigación de la Fiscalía ha determinado que Gray fue esposado en las muñecas y en los tobillos, colocado en el suelo de un furgón policial sin cinturón de seguridad y que le fueron denegados los primeros auxilios, pese a que pidió atención médica tras golpearse en la cabeza.
Uno de los seis agentes ha sido acusado de asesinato en segundo grado (el cargo más grave), mientras que otros dos se enfrentan a cargos de homicidio involuntario, y el resto responderá por asalto e incumplimiento del deber.
Gray murió el 19 de abril, tras una semana en coma por una fractura de columna provocada durante su arresto, una semana antes. La muerte de Gray desencadenó una oleada de protestas en Baltimore que el día de su funeral, el lunes pasado, desembocaron en graves disturbios, seguidos de la declaración del estado de emergencia, la imposición de un toque de queda desde el martes y centenares de detenciones.
Desde entonces Baltimore vive manifestaciones diarias de protesta pero sus noches han vuelto a la normalidad. Los disturbios, sin embargo, se han extendido a otras ciudades de EE UU, como Ferguson (Misuri), donde dos personas fueron heridas de bala el miércoles; Nueva York, donde más de medio centenar de manifestantes fueron detenidos el jueves o Filadelfia, que ayer de madrugada fue el escenario de los choques más graves.
La muerte de Gray ha acelerado el proceso para que el Gobierno de EE UU se decida a incorporar cámaras a los uniformes policiales. El Ejecutivo de Obama, a través de la fiscal general, Loretta Lynch, anunció ayer un programa de 15 millones de euros con el que se pretende aumentar la supervisión sobre la Policía, reiteradamente acusada de brutalidad en los últimos meses. El programa se había convertido en la principal reivindicación de los líderes negros y de los grupos de derechos civiles desde la muerte del joven Michael Brown en Ferguson (Misuri) en agosto. Los fondos se destinarán a subvencionar la adquisición de las cámaras por los departamentos locales de Policía.
