El Congreso de Estados Unidos propinó a última hora del miércoles un fuerte revés al presidente, Barack Obama, al anular por primera vez uno de sus vetos sobre una ley que permite a los estadounidenses demandar al Gobierno de Arabia Saudí por su supuesto papel en los atentados del 11-S.
Republicanos y demócratas, entre los que se encuentran fieros defensores de Obama en el Congreso, reunieron en el Senado y en la Cámara de Representantes la mayoría necesaria de dos tercios en cada cámara para revocar el veto del mandatario, un fenómeno inusual y que Obama no había sufrido aún.
Con esta invalidación del veto, entra en vigor automáticamente y sin la firma de Obama la Ley de Justicia contra Promotores del Terrorismo, que permite a los familiares de víctimas del 11-S demandar al Gobierno saudí por su supuesto apoyo a los terroristas que perpetraron los atentados.
En concreto, la iniciativa, aprobada por las dos cámaras del Congreso a principios de año y vetada por Obama el pasado viernes, permite a jueces norteamericanos en casos de terrorismo obviar el principio de "inmunidad soberana" por el que un país está exento de responder a demandas interpuestas en los tribunales de una nación extranjera.
De esta forma, se abren las puertas a las demandas que durante años han tratado de impulsar víctimas del 11-S que afirman que líderes de Arabia Saudí están implicados en los ataques.
Entre los 19 terroristas que perpetraron los atentados, 15 eran ciudadanos saudíes, lo que ha alimentado durante años las especulaciones sobre un supuesto apoyo de Riad al terrorismo internacional y a la red Al Qaeda.
De hecho, una mayoría de los legisladores, tanto demócratas como republicanos, considera que hay pruebas de que Arabia Saudí está implicada en la red de financiación de los atentados, en los que murieron cerca de 3.000 personas, y que, por tanto, las víctimas tienen derecho a demandas colectivas contra Riad.
Frente a ello, la Casa Blanca argumenta que esta legislación pone en peligro las relaciones entre EE UU y el reino saudí y sienta un peligroso precedente porque, con la excusa de la reciprocidad, podría invitar a otras naciones a demandar en cortes extranjeras a diplomáticos y militares estadounidenses.
Obama calificó de "error" y "peligroso precedente" la decisión del Congreso, pues "si eliminamos esta noción de inmunidad soberana, nuestros hombres y mujeres de uniforme en todo del mundo podríamos empezar a vernos sujetos a leyes recíprocas".
