La canciller alemana, Angela Merkel, constató ayer la evidencia de que hay que realizar cambios en la política de seguridad interna tras el atentado de diciembre en un mercadillo navideño de Berlín, en el que murieron doce personas, y entre esos cambios citó como "absolutamente necesarios" los de llevar a cabo más expulsiones y agilizar los procedimientos.
Merkel aseguró que percibe "claramente" necesidad de reformas para los extranjeros calificados por las fuerzas de seguridad como peligrosos, como era el caso del autor del atentado de Berlín, el tunecino Anis Amri.
"Allí donde haya necesidad de cambios, y veo esas necesidades de cambio claramente, trataremos de alcanzar soluciones comunes en la gran coalición", avanzó la canciller.
Hoy está prevista una reunión entre los ministros de Interior y Justicia, el cristianodemócrata Thomas de Maizière y el socialdemócrata Heiko Maas, para abordar esta cuestión y otras relativas a la seguridad de Alemania ante la amenaza del terrorismo yihadista.
Merkel reivindicó asimismo la necesidad de cumplir de forma estricta la ley, tanto en el caso de los peticionarios de asilo a los que se concede permiso de residencia como en el de los inmigrantes a los que se rechaza.
En este sentido, el portavoz del Ejecutivo alemán, Steffen Seibert, reconoció que es "absolutamente necesario" llevar a cabo más expulsiones y agilizar los procedimientos.
De su lado, De Maizière advirtió que su país mantendrá los controles fronterizos "mientras siga siendo necesario" como mecanismo contra la inmigración ilegal y frente al terrorismo internacional. "La frontera germano-austríaca es un punto álgido para la inmigración ilegal", reconoció.
La implantación de controles fronterizos "no es el fin de Schengen", añadió, en alusión a la libertad de movimientos de los ciudadanos dentro de ese espacio europeo, para asegurar que la vigilancia actual se levantará "cuando deje de ser necesaria".
Desde principios de 2015, Alemania ha recibido más de 1,3 millones de peticionarios de asilo.
