Más de ocho millones de venezolanos participaron en los comicios el domingo, según los datos del Gobierno. Unas cifras que sirven al oficialismo para asegurar que ha logrado revertir su continua caída en las urnas desde 2013. Para la oposición, sin embargo, estas elecciones no fueron más que un "fraude" en el que apenas participó el doce por ciento del censo y que abren una severa crisis en el país con el único objetivo de perpetuar a Maduro en el poder.

Los comicios estaban destinados a elegir a los miembros de una Asamblea Nacional Constituyente, un nuevo Parlamento que redactará otra Constitución y en el que no participará la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática, que considera fraudulento el proceso desde el principio.

Con el chavismo como único candidato, la apuesta de la oposición fue la abstención. De ello quedó constancia en el resultado de las elecciones con una abstención del 58,47% del padrón electoral, lo que convirtió a estos comicios en la votación nacional con menor respaldo desde 2005.

A pesar del dato, el presidente del Gobierno, Nicolás Maduro, no dudó en calificar estas elecciones como "la votación más grande que haya sacado la Revolución en toda la historia electoral". Tampoco le tembló el pulso a la hora de lanzar amenazas contra la oposición. Maduro, en un acto rodeado de simpatizantes chavistas y retransmitido por televisión, aseguró que la nueva Asamblea Constituyente tomará el poder de Venezuela de forma inmediata.

Valiéndose de expresiones como "burguesía parasitaria", el mandatario chavista amenazó con levantar la inmunidad parlamentaria "a quien haya que levantarla", aludiendo a los miembros de la actual Asamblea Nacional, donde la oposición posee una mayoría absoluta. "Llegó la Constituyente a poner orden", aseveró Maduro, que anunció medidas contra los opositores: "algunos terminarán en una celda, bajo el mando de la justicia necesaria".

Por su parte, la oposición se manifestó en las calles de todo el país con protestas que se saldaron con un total de diez muertos. Con ellos, son ya 119 los muertos y 5.000 los detenidos desde el inicio de las protestas antigubernamentales en abril.

La comunidad internacional mostró su rechazo generalizado al proceso emprendido por el Ejecutivo chavista. Panamá, México, Costa Rica, Paraguay, Chile, Colombia, Perú, Costa Rica y la práctica totalidad de los países latinoamericanos, más Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU entre otros, reiteraron ayer sus advertencias y no reconocerán a la Asamblea Constituyente. También urgieron al presidente Maduro a restablecer la democracia en el país. Washington, además, advirtió que estudia una nueva serie de sanciones contra la industria petrolera venezolana. Sólo Bolivia, Nicaragua y Rusia defendieron la postura de Maduro y apelaron a la "contención". En España, el Gobierno y el PSOE coincidieron en no reconocer el proceso abierto por Maduro.