Los fiscales generales de dieciséis estados de EE UU presentaron ayer una demanda mancomunada ante un tribunal federal de Nueva York por la decisión de la administración Trump de poner fin al programa DACA, que beneficia a más de 800.000 jóvenes inmigrantes, los llamados "soñadores" ("dreamers"), que llegaron irregularmente al país siendo niños.

El anuncio de la supresión del DACA ha desatado protestas en todo el país, incluida Nueva York, donde fueron arrestadas unas 70 personas. Además, treinta "soñadores" se mantienen en huelga de hambre ante el Congreso, en Wasshington, para pedir a los legisladores que aprueben cuanto antes una ley que les permita evitar la deportación.

El fiscal general de EE UU, Jeff Sessions, anunció el martes que el programa, puesto en marcha en 2012 por una orden ejecutiva del expresidente Obama para evitar la deportación de esos 800.000 jóvenes -y que les ha permitido estudiar, trabajar, obtener permisos de conducir y viajar legalmente-, finalizará dentro de seis meses, periodo en el que la administración Trump espera que el Congreso presenten una propuesta de ley migratoria.

Los 16 fiscales que demandan a Trump argumentan que la decisión de Sessions viola las garantías procesales y afecta tanto a los residentes como a las instituciones y economías de los estados. El 97 por ciento de los beneficiarios del DACA en EE UU tienen empleo o estudian, y pagan unos 117 millones de euros anuales en impuestos estatales y locales, según estadísticas oficiales.

Los fiscales sostienen, además, que poner fin al DACA viola la cláusula constitucional de igualdad por discriminar a los mexicanos, que representan el 78 por ciento de quienes se benefician de la iniciativa. Según la demanda, encabezada por el estado de Nueva York y respaldada por Massachusetts, Washington, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Iowa, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y el distrito de Columbia, la medida tiene la intención "de castigar y menospreciar a personas de raíces mexicanas".

Eric Schneiderman, fiscal general de Nueva York, estado que alberga a unos 42.000 "soñadores", enfatizó al anunciar la acción legal mancomunada que la decisión de la administración Trump presenta un carácter "discriminatorio". Schneiderman recordó que Trump se refirió a los mexicanos como violadores y narcotraficantes durante su campaña electoral para los comicios presidenciales de 2016, y aseguró que la acción del mandatario está impulsada por sus motivaciones personales contra los mexicanos.

"La inmigración es la fuente de vida de Nueva York. La decisión de la administración Trump es cruel, inhumana y devastadora para los 42.000 neoyorquinos que han podido salir de entre las sombras y vivir una vida plena como resultado del programa", sostuvo el fiscal general de ese estado.

Trump intervino en la polémica con un tuit destinado a calmar las aguas en el que aseguró a los jóvenes que no deben preocuparse por su estatus en los próximos seis meses, el plazo dado al Congreso para buscar una alternativa migratoria que, hoy por hoy, parece muy difícil de pactar.