El Gobierno turco levantó ayer el estado de emergencia, vigente desde el fallido golpe militar del 15 de julio de 2016, aunque quiere mantener algunas de sus restricciones con una nueva y polémica ley antiterrorista. Al amparo del estado de emergencia, el Gobierno tenía la potestad de emitir decretos con fuerza de ley, suspender libertades y derechos fundamentales e imponer obligaciones financieras y laborales a los ciudadanos.

Ankara decidió prorrogarlo siete veces en dos años. Durante ese tiempo las autoridades han llevado a cabo una purga sin precedentes en las estructuras estatales y privadas, con la destitución por decreto de 130.000 funcionarios.

Ahora, tras su levantamiento, el partido gubernamental AKP ha presentado en el Parlamento un paquete de leyes para que "la lucha contra el terrorismo no se interrumpa".

Con una vigencia de tres años, se amplían las competencias de las gobernaciones provinciales para despedir funcionarios, prohibir actos públicos y limitar la entrada y salida de personas sospechosas de "perturbar el orden público". La normativa excluye a los servicios de inteligencia turcos de la ley sobre derecho a la información, con lo que no será posible obtener datos sobre sus actividades.