"Operación limpieza". Con ese nombre ha bautizado el antiguo guerrillero sandinista y actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, el operativo armado para disolver las manifestaciones que exigen su marcha del poder. Una cuestión de higiene, se entiende, porque en principio alude a las barricadas y piquetes que los manifestantes han levantado en las calles de todo el país. Sin embargo, parapetos de escombros y ladrillos no es lo único que el sandinismo ha "limpiado" en los últimos tres meses.
El triunfo de la Revolución sandinista, hará ahora 39 años, llegó -como toda revolución- lleno de sueños y esperanzas para el pequeño país centroamericano, gobernado hasta entonces por la sanguinaria dictadura familiar de los Somoza, que Estados Unidos seguía sosteniendo durante la insurrección. El comandante Ortega, uno de los líderes más destacados del Frente Sandinista de Liberación Sandinista (FSLN), ganó la Presidencia del país en las elecciones de 1984 y la perdió en las de 1990. La recuperó en 2006, ante una oposición dividida en dos bloques, y en ella se mantuvo tras los comicios de 2011 y 2016, pero no exento de múltiples acusaciones de fraude electoral y secuestro de centros de votación.
A lo largo de la última década ha ido cogiendo fuerza el relato del "milagro" nicaragüense: un país con una economía estable que crecía al 5%, y lo suficientemente seguro -comparado con el resto de los estados de la región- como para ser vendido como un atractivo destino tropical para turistas del primer mundo. En realidad, todo ello no era más que un espejismo creado por un régimen entrado en plena deriva autoritaria que eliminaba disidencias, rebajaba la capacidad del poder judicial y conseguía pasar desapercibido en el plano internacional.
Pero la población nicaragüense no era ajena a esta deriva, y tras once años de gobierno de Ortega, comenzó a hastiarse. El anuncio de una reforma por decreto de la Seguridad Social, que aumentaba las cotizaciones de empresarios y trabajadores e imponía una retención del 5% a las pensiones de los jubilados, fue la gota que colmó el vaso. Si el Gobierno la anunció el 16 de abril, el 22 se vio obligado a retirarla ante la vehemencia de las protestas. En ciudades como Managua y León, miembros de la Juventud Sandinista, simpatizantes del Gobierno y fuerzas policiales respondieron atacando a los manifestantes. Ya no había vuelta atrás: la dura represión no hizo sino avivar las protestas, envalentonando a los estudiantes a seguir exigiendo en las calles la dimisión de Ortega y la convocatoria de elecciones anticipadas.
Los universitarios es el colectivo social que ha liderado desde su inicio las manifestaciones contra el régimen sandinista, a cuyo líder consideran un "dictador" y un "tirano". También son los que han protagonizado, junto a estudiantes de instituto -por lo general menores de edad-, la mayor parte de los enfrentamientos contra las fuerzas progubernamentales, y los que han sufrido la mayor parte de las muertes en estos cien días de violencia. Provistos de morteros caseros, piedras y tirachinas, resistieron cuanto pudieron en barricadas improvisadas, y bajo el lema "Que se rinda tu madre", los envites de la Policía y de los grupos paramilitares orteguistas, equipados con armamento de guerra.
Esgrimiendo un discurso calcado del de su colega venezolano, Nicolás Maduro, la respuesta de Ortega fue criminalizar a los manifestantes, tachándolos de "terroristas" de la "derecha golpista". Eso, cuando su mujer y vicepresidenta del país, Rosario Murillo, no se refería a ellos con términos como "diabólicos".
Tanto Ortega como Maduro han respondido a los disturbios con las denominadas "fuerzas combinadas": una conjunción de policías y grupos paramilitares a los que Ortega llama "autodefensas". Convenientemente armados con equipamiento militar, como ametralladoras y fusiles de asalto y de precisión, tenían la misión de erradicar los disturbios antes del 19 de julio, fecha de conmemoración del 39º aniversario del final de la dictadura de Somoza. El día 14 asaltaron la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, último bastión de los manifestantes en la capital, Managua. Y el 17 atacaron y "limpiaron" la ciudad de Masaya, el gran baluarte rebelde, declarado "libre del dictador", poniendo especial énfasis en el barrio indígena de Monimbó, otrora feudo de la revolución sandinista.
El balance , al cabo de tres meses de protestas, es de 448 muertos, 2.830 heridos y 595 desaparecidos, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. La inmensa mayoría (un 90%) son civiles opositores, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchos de ellos, hijos y nietos de antiguos sandinistas.
Pero no sólo los estudiantes han participado en la rebelión. El comandante no cuenta tampoco con el apoyo de las poblaciones campesinas, críticas con Ortega desde hace cinco años por el proyecto del Canal de Nicaragua. Del mismo modo, han retirado su apoyo al sandinismo los empresarios, especialmente desde que el dinero y el petróleo venezolanos ya no fluyen como antes, integrando así un frente opositor formado por amplios y diversos espectros de la sociedad nicaragüense.
Especialmente destacable ha sido el papel de la Iglesia Católica, tanto como mediadora en la infructuosa mesa de diálogo nacional entre Gobierno y opositores como dando refugio a los estudiantes acribillados por las fuerzas oficialistas. Los obispos del país, que ya han denunciado que sufren una persecución, respaldaron la petición de convocar elecciones anticipadas para poner fin a la crisis. La respuesta de Ortega fue clara: los llamó "golpistas". Al menos siete iglesias han sido ya profanadas y en muchos de ellas se aprecian los orificios de balas disparadas contra los manifestantes que se refugiaban en ellas.
Al término de estos tres meses, el Gobierno de Ortega ha recuperado el control de las calles del país, pero muchos expertos piensan que es improbable que el exguerrillero pueda mantenerse en el poder de la misma forma que Maduro en Venezuela tras las protestas de 2017. La endeble economía nicaragüense es mucho más sensible a la presión y a las sanciones internacionales, que ya han comenzado a producirse. El pasado 18 de julio, 21 países de la Organización de Estados Americanos (OEA, incluyendo la práctica totalidad de Centroamérica, condenaron la violencia en el país y exhortaron al Gobierno a convocar elecciones anticipadas. En el mismo sentido se han pronunciado ya la Unión Europea y Estados Unidos. La ONU, por su parte, sigue su propio ritmo, pero el aislamiento de Ortega dentro y fuera del país es total. Y, sin embargo, no hay señales, por ahora, de que el comandante tenga pensado abandonar el poder que lleva más de una década apuntalando.
